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Nacional | Martes 04 • Abril • 2017

Daniel Martínez deja sin efecto la compra de inmueble de un millón y medio de dólares

Hace una semana se armó revuelo cuando trascendió que la Intendencia de Montevideo (IM) había comprado un inmueble en la calle José María Penco, mediante licitación, por un monto que rozaba el millón y medio de dólares (1.490.000), a unos oferentes que lo habían adquirido pocos días antes por 750.000 dólares. El edificio iba a ser destinado a la instalación del Servicio de Señales Luminosas, la administración y los laboratorios del Servicio de Regulación Alimentaria y el Servicio de Áreas Verdes.

El Tribunal de Cuentas manifestó el 22 de marzo que el procedimiento de licitación se adecuó a lo establecido en el Artículo 33 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado; sin embargo, realizó consideraciones sobre el “tracto económico” previo a la adjudicación.

Así las cosas, un borrador de resolución de la IM al que tuvo acceso la diaria señala que de las actuaciones surge “un amplio margen de opinabilidad respecto al valor venal del inmueble en cuestión”, y que la comisión creada por la resolución 1520/17, el 28 de marzo, para analizar las observaciones y consideraciones del Tribunal de Cuentas sobre la tan sonada licitación pública, requirió otras tasaciones, “de las que emergen importantes diferencias en la estimación del valor del inmueble”.

El borrador sostiene que esto último, sumado a que los oferentes “expresaron por escrito su voluntad de retirar la oferta efectuada”, “hace conveniente adoptar [una] decisión respecto al mantenimiento del procedimiento de contratación”.

El texto indica que como el procedimiento de contratación se halla en trámite y la comisión creada el 28 de marzo recomendó dejarlo sin efecto “y convocar otro procedimiento con el mismo objeto”, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, deja sin efecto la compra del inmueble ubicado en José María Penco. Además, resuelve “disponer la retención de la garantía de mantenimiento de la oferta constituida por los oferentes” y “encomendar al Departamento de Secretaría General analizar la conveniencia de un nuevo procedimiento de adquisición”.


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