“Es un tema que urge”

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, conversó ayer telefónicamente con la diaria sobre la reforma de la Caja Militar. Adelantó cuáles son los ocho puntos de acuerdo respecto del proyecto que el Poder Ejecutivo pretende enviar al Parlamento en los próximos días y reconoció las diferencias que mantiene con el Ministerio de Defensa por el alcance de la ley. En ese sentido, Astori piensa que los cambios propuestos deberían tener un ámbito de aplicación “amplio” para que no se transforme en una solución “absolutamente inocua”.

¿Cuál es el estado actual de la negociación de la reforma de la Caja Militar en el Poder Ejecutivo?

Hemos venido trabajando intensamente en las últimas semanas, con el Ministerio de Trabajo, el de Defensa y el presidente de la República. Y estamos acordando los puntos básicos que debería tener una reforma del sistema de pasividades y retiro de las Fuerzas Armadas. Esperamos tener una primera redacción de la ley la semana próxima, y ojalá que la enviemos al Parlamento en un plazo máximo de dos semanas. Es un tema que urge por diversas razones. Para mí las más importantes son de justicia y equidad social, porque el actual régimen de retiro y pasividades de las Fuerzas Armadas es realmente mucho más favorable para este colectivo que el que tiene el resto de la población civil, sea considerada en su conjunto o en su inmensa mayoría, como la que es atendida por el Banco de Previsión Social (BPS), o la que corresponde a colectivos específicos, como el bancario, el policial o los profesionales, que también tienen sus regímenes específicos de retiro. Hay una enorme diferencia entre el que intentamos reformar ahora y los que acabo de mencionar.

¿Cuál es el déficit actual de la Caja Militar?

Esa sería una segunda razón, que está articulada con la primera que mencioné: esta desigualdad ha llevado al gobierno a hacer un enorme sacrificio financiero y fiscal para atender el déficit de este servicio. El año pasado esta asistencia llegó a unos 400 millones de dólares y nuestras proyecciones para este año llegan a los 470 millones de dólares aproximadamente. Son cifras enormes. En 2015, según las cifras que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, la asistencia financiera por afiliado, en dólares, para el servicio de las Fuerzas Armadas fue de 8.100 dólares por pasivo, en la Caja Policial fue de 3.500, en el BPS de 1.600, y en la Bancaria, 1.200 dólares. La diferencia es enorme.

¿Cuáles son los planes respecto de las edades de retiro? El modelo actual toma en cuenta los años de servicio; en eso hay también una relación de inequidad.

Puedo hablar de los promedios de retiros que tuvimos en 2015. En las Fuerzas Armadas hay dos regímenes, que es otro diferencial importante que tenemos que ir superando; hay un retiro voluntario y un retiro obligatorio por edad. En materia de oficiales superiores, el voluntario tuvo un promedio de edad de 53 años en 2015; y para esos oficiales superiores, el obligatorio por edad llegó a 57. Luego, oficiales y jefes tuvieron un promedio de retiro voluntario de 49 años y un obligatorio de 54. Entre los subalternos de las Fuerzas Armadas, el promedio de retiro voluntario fue de 44 años y el obligatorio por edad es de 50 años. Estos son los promedios que se dieron en la práctica; o sea, queda claro que hay una situación de desbalance muy grande respecto del régimen general.

¿Cuál es el plan para revertir esa situación?

En el Ejecutivo, entre quienes hemos venido participando en las reuniones, ya hemos llegado a acuerdo en ocho puntos. Puedo adelantar los principales conceptos. En primer lugar, resolvimos aumentar las edades de retiro obligatorio. Segundo: aumentar los años mínimos para poder acceder a un retiro voluntario, con el objetivo de empezar a desestimularlo, algo con lo que estamos todos de acuerdo, de modo que vaya aproximándose a las condiciones de retiro obligatorio. Queremos que no exista la posibilidad de un retiro voluntario antes de cumplidos ciertos requisitos, y para eso, entre otras cosas, vamos a aumentar los mínimos para que se pueda acceder a un retiro voluntario. Tercero: vamos a modificar el régimen de pensiones, adecuándolo al general, el que tiene toda la población por medio del BPS. En cuarto lugar, vamos a proponer nuevas condiciones de incorporación de compensaciones al haber de retiro; actualmente hay diferentes tipos de compensaciones, por ejemplo, cómputos de años, que terminan mejorando el haber de retiro. Vamos a establecer nuevas condiciones, para que sea más equilibrada o similar a las condiciones de pasividad del resto de la población. Además, vamos a suprimir lo que se conoce como ley comparativa, que compensa el haber de retiro a los efectivos que no optaron por un retiro temprano y continuaron en servicio. Hoy hay una ley comparativa que les compensa el haber de retiro a aquellos que no lo anticiparon y siguieron en servicio hasta llegar a las condiciones de retiro obligatorio; hoy esos tienen una compensación y nosotros la vamos a suprimir, justamente para promover ese acercamiento entre los retiros voluntario y obligatorio, para desestimular al primero. También vamos a suprimir el beneficio de poder jubilarse con un grado superior; hoy, en algunos casos, pueden jubilarse por el grado superior al que tienen en actividad. Y vamos a establecer un tope a las jubilaciones, como existe para los civiles.

¿Qué pasará con las tasas de reemplazo (la relación entre el salario de actividad y el de pasividad)? Se ha dicho que en ese caso también están mejor que en el régimen general.

Las tasas de reemplazo también vamos a modificarlas. Se trata de un punto fundamental, por razones fiscales y financieras. La situación actual es increíble: en algunos casos, por ejemplo, los oficiales de mayor rango superan el 100%, o sea que se jubilan por montos superiores al salario que percibían como activos. Según datos del Ministerio de Defensa de 2015, para los grados más altos, como almirantes o brigadieres generales, ha llegado a 133%; incluso en algunos grados más bajos encontramos promedios de 103% o 104% de tasa de reemplazo. Las tasas de reemplazo más bajas que tengo son de 55%, que es la gente que está en los estratos más bajos de la escala jerárquica; por ejemplo, los soldados de primera. Y eso sin aplicar la comparativa a la que me refería antes y que ahora vamos a suprimir; en este último caso, si la aplicáramos, ese 55% se transforma en 155%. En todos los casos, al aplicar la comparativa, se eleva la tasa de reemplazo, porque compensa al que esperó y no se retiró obligatoriamente con una elevación del haber de retiro.

Enumeró los puntos de acuerdo entre los ministros y el presidente. Pero también se ha dicho que el Ministerio de Defensa pretendía que los efectos de la reforma de la Caja Militar se apliquen exclusivamente para los nuevos efectivos.

Claramente ahí tenemos una diferencia importante. Mi posición es que tiene que tener un ámbito de aplicación mucho más amplio, porque si no se transformaría en una reforma absolutamente inocua. Pero no quiero ir más allá de ese comentario, porque es algo que está todavía en proceso de negociación. Y en nuestro concepto, además, esto tiene que empezar a aplicarse lo antes posible y, por lo tanto, el ámbito de aplicación debería ser lo más abarcativo que el que propone el Ministerio de Defensa.

Este tipo de reformas tienen también un régimen de transición. ¿Está previsto en este caso?

Tiene que haber un régimen transitorio, porque si vas a pasar de un ámbito de aplicación como el que supone mantener el régimen vigente hasta el que vamos a proponer con la reforma, tiene que haber una transición. Y, a nuestro juicio, tiene que ser lo más breve posible, para que tenga un efecto importante en la sociedad.

El año pasado se planteó un impuesto a las jubilaciones más altas. ¿Sigue en pie la posibilidad de votarlo?

El impuesto está en el Senado y estaba redactado para aplicarse durante un lapso de 18 meses. Nuestra propuesta, en la que creo que estamos todos de acuerdo, es que a partir de la vigencia de la ley de reforma se aplique durante 18 meses. Que esos meses ayuden en la transición.

¿Cuándo podría promulgarse la ley?

Ojalá que sea lo antes posible, antes de in de año. Aspiraría como ciudadano a que fuera rápidamente tratada y aprobada. Porque no va a provocar efectos enseguida, por lo tanto habrá un régimen de transición y nuestra propuesta es que ese impuesto ayude a bancar esa transición. Ese impuesto está previsto para una recaudación de unos 40 millones de dólares anuales, o sea, apenas 10% de lo que asistimos el año pasado.

¿Es posible que lo que termine laudando el presidente Tabaré Vázquez deje conformes a todos?

Estamos tratando de que esto salga por la vía del acuerdo de todos. Vázquez es el presidente de la República y su opinión importa y mucho, sin dudas. Ojalá que tengamos un buen grado de consenso. Creo que el presidente, en primer lugar, está alineado con el objetivo de hacer la reforma. El año pasado, cuando se discutió la Rendición de Cuentas, en un Consejo de Ministros, planteé el problema que teníamos por los 400 millones de dólares de asistencia a la Caja y él rápidamente manifestó su apoyo a la necesidad de la reforma. La posición del Ministerio de Economía, como ya dije, es que esto sea lo más abarcativo posible, de modo que no empiece a aplicarse para los nuevos sino para buena parte de los que ya están en actividad. Esto hay que fijarlo en términos concretos, en términos de edades y años de actividad. Nosotros creemos que tiene que ser el mayor posible y es lo que estamos discutiendo, y queremos tener todo pronto la semana que viene.