La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores aprobó ayer, por unanimidad, el proyecto de ley que transforma una fiscalía letrada nacional en la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, y el proyecto se votará hoy en el Senado. Dicha fiscalía atenderá “exclusivamente en todas las causas penales referidas a las violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el período definido en la Ley N° 18.596, que estén en trámite o que se inicien en los juzgados de todo el territorio nacional”. La Ley 18.596 diferencia dos períodos: uno entre el 26 de junio de 1973 y el 13 de junio de 1968, en el que define que se vivió bajo la “actuación ilegítima del Estado” por la “aplicación sistemática” de Medidas Prontas de Seguridad, y otro, entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, definido como terrorismo de Estado.

El proyecto fue propuesto en setiembre de 2016 por el fiscal de Corte, Jorge Díaz. En una nota enviada a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, Díaz recuerda que en 2015 se creó la unidad especializada en derechos humanos en el ámbito de la fiscalía, y explica que su funcionamiento dio cuenta de que estas causas “presentan dificultades en la etapa de investigación, en su dilucidación jurídica, demoras en la resolución de los casos y por ende en las respuestas adecuadas a las víctimas y a la sociedad”. Menciona que hay cerca de 210 causas en esa materia y que, al gestionarlas distintos fiscales, el conocimiento sobre ese período “está absolutamente compartimentado y limitado, se trata de situaciones que no permiten hacer un abordaje integral de los hechos, los contextos, las evidencias y de las pruebas a la hora de exigir las responsabilidades penales del caso, así como de los conflictos jurídicos que surgen, lo que sin duda conspira contra las mejores soluciones requeridas”. Una fiscalía especializada podría tener “una visión integral de los hechos y así lograr atenderlos sin el menoscabo que genera hacerlos con otras materias”, argumenta.

Uno de los referentes del Observatorio Luz Ibarburu (que hace un seguimiento de las denuncias penales sobre violaciones a los derechos humanos), Raúl Olivera, dijo que “si a esa unidad no se le da suficiente personal y recursos, se crea un organismo que no va a poder abarcar el universo de causas. Hay alrededor de 300 expedientes radicados en todo el país. Si no tiene personal, puede ser un organismo ineficaz”. La senadora de Asamblea Uruguay Daniela Payssé, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, opinó que “la especialidad va a agilizar” el desarrollo de las causas, aunque no descartó que “sobre la marcha haya que hacer ajustes”. Recordó que en julio comienza a aplicarse el nuevo Código del Proceso Penal, que implica el cambio a un sistema acusatorio, “y es más que de recibo que haya una fiscalía especializada en este tema”.

El texto prevé que, una vez que se cree efectivamente la fiscalía especializada, todas las causas sobre delitos de lesa humanidad en este período sean remitidas a dicha unidad.