Ayer al mediodía fue la apertura de ofertas del primer llamado de proyectos de participación público-privada (PPP) para la construcción de infraestructura educativa. El objetivo de este primer llamado es la construcción, operación y mantenimiento, por 22 años, de 44 jardines de infantes y 15 Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) en distintos puntos del país.

Según consta en el acta de la apertura firmada ayer se presentaron por un lado Ebital SA, Aldesa Construcciones SA y Nirazeld SA; los habituales competidores Berkes, Saceem y Stiler, con otra propuesta, y por último el Consorcio Centros Educativos Primera Infancia (Basiney, Nelit y Conami). Las ofertas presentadas pasaron ahora a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que evaluarán los contenidos del sobre con la propuesta técnica. Una vez laudado ese punto se abrirá luego el sobre con la propuesta económica, y se determinará cuál es la más conveniente. Luego, según explicó Luisa Olivera, de la Unidad de PPP del Ministerio de Economía y Finanzas, dicha unidad reitera el análisis de valor por dinero sobre la oferta mejor puntuada; ese estudio compara si es conveniente la ejecución de la obra por el mecanismo de PPP o por los métodos tradicionales, y en caso de que se confirme la conveniencia de la PPP se hace la adjudicación provisoria. Olivera explicó que se reitera el estudio porque pueden haber cambiado las condiciones del mercado, y porque en esta etapa se tienen los montos ofertados, por lo que se realiza el análisis “con los datos terceros”. Una vez confirmado el estudio, comienza a correr el plazo de 180 días para la adjudicación definitiva y la firma del contrato. Olivera estimó que el estudio de las ofertas técnicas y económicas “va a ser muy rápido”.

Siguen otros

Mientras, sigue abierto el segundo llamado a obras de PPP para infraestructura educativa, que en este caso abarca a 23 escuelas, diez polideportivos y nueve polos educativos tecnológicos para la UTU. La Asociación de Funcionarios de la UTU (AFUTU) se manifestó en contra de este mecanismo, que el MEF defiende como forma de poder invertir en obras públicas sin aumentar fuertemente el déficit fiscal.

AFUTU considera que tercerizar servicios en la educación implica “desplazar a los trabajadores estables de la educación, en principio personal de servicio y mantenimiento, con la consiguiente desvinculación del Estado”. La declaración del gremio asegura que no es novedad, y menciona la tercerización de los servicios de limpieza o seguridad de las instituciones educativas. “Consecuencia de ello es la rebaja salarial, la precarización de las condiciones de trabajo y el desamparo laboral. También se pierde desde lo educativo: tomando la institución educativa como un todo, el cambio constante de la plantilla, la falta de contacto permanente con el estudiantado y el cuerpo docente conspiran contra un relacionamiento estable funcionariado-alumno”, añaden. Los funcionarios agremiados de UTU “rechazamos y repudiamos la implementación de las PPP en nuestro sistema educativo, por ser entre otras cosas, la puerta que habilita que el sistema educativo sea considerado mercancía y se ahonden aun más las inequidades y los privilegios del capital”, termina la declaración aprobada.