“A mí me hicieron una consulta de si él podía ser intendente y yo dije que no, que no podía. Tiene un empleo público, lo reservó y los intendentes, por la Constitución, no pueden tener ningún cargo público”, dijo a la diaria el constitucionalista José Korzeniak en referencia al pedido de informes presentado por el Frente Amplio (FA) ante la Corte Electoral por la situación del intendente interino de Treinta y Tres, Ramón da Silva. Según contó el edil socialista José Luis Acosta a la diaria, la información que acercó “un militante” sobre que Da Silva mantenía “en reserva” un cargo como funcionario de UTE se comprobó, por lo que se consultó sobre el asunto a especialistas –entre ellos, a Korzeniak– que interpretaron como inconstitucional la acumulación de los dos cargos. “Ese militante nos transmitió la duda sobre la situación contractual de Da Silva en UTE y entre otros consultamos a José Korzeniak, quien nos confirmó la incompatibilidad e inconstitucionalidad de ocupar un cargo electivo cuando se es funcionario público. Ahora esperamos la pronta respuesta de la Corte Electoral, que, en el mejor de los casos, demorará menos de un mes en resolver”, contó Acosta. La bancada de ediles del FA exige “la destitución inmediata” del intendente interino.

En cuanto a la inconstitucionalidad de la situación, Korzeniak señaló a la diaria dos artículos de la Constitución: el 289, que dice: “Es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental. El Intendente no podrá contratar con el Gobierno Departamental”, y el 292, que expresa que la inobservancia “de lo preceptuado” en varios artículos precedentes, entre ellos el 289, “importará la pérdida inmediata del cargo”.

Por un rato largo

Da Silva fue designado secretario general de la intendencia en 2015, pero además es el primer suplente del intendente electo, Dardo Sánchez. Cuando Sánchez solicitó licencia médica, Da Silva asumió como intendente interino, cargo que ya había ocupado otras veces, pero por pocos días. Sin embargo, extraoficialmente, los medios locales manejan que Sánchez habría sufrido un ACV (accidente cerebro vascular) y la recuperación le demandaría meses, por lo que la presencia de Da Silva como jefe comunal se extenderá probablemente hasta principios del año que viene, según lo afirmado por él mismo en un acto reciente. Esta situación hizo más evidente su condición, pero, según Korzeniak, nunca debería haber asumido como intendente interino.

Da Silva es secretario de la Agrupación Treinta y Tres para Todos, Lista 8 del Partido Nacional, y fue edil departamental en forma ininterrumpida desde 1995 a 2010. El senador blanco Jorge Larrañaga, líder de Juntos, salió ayer a defender a Da Silva, reconociendo que tiene un cargo público en la UTE “en reserva” pero que no percibe sueldo por él, y diciendo que hay varios jerarcas frenteamplistas en la misma situación. Además, Larrañaga dijo que le llamó la atención que justo el día en que se dan a conocer avances de la resolución del Tribunal de Conducta Política del FA sobre el caso Sendic, la fuerza política salga a hacer “un circo mediático” con el tema de Da Silva.

Por su parte, Da Silva dijo a Noticias de Treinta y Tres que la “consulta” del FA fue hecha “en el lugar correcto” porque “es la Corte la que debe determinar si es o no incompatible” su situación. “Nosotros en su momento nos asesoramos bien. Nos explicaron que tener un cargo en reserva no implicaba tener dos cargos públicos como lo expresa la Constitución. Quien ejerce de intendente no puede ejercer otro cargo público, pero bueno, veremos qué resuelve la Corte Electoral”, agregó. También afirmó: “Y aquí se plantea una decisión bien clara. Yo tengo que elegir entre la seguridad de un cargo público o seguir mi vocación trabajando por Treinta y Tres, y ahí no tengo dudas, obviamente renunciaré a UTE”.

Ayer, la bancada de senadores del FA tomó el tema como propio y también presentó un pedido de informes ante la Corte Electoral y ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. Mientras tanto, en la Junta Departamental de Treinta y Tres la bancada del FA había logrado ingresar el tema como último punto del orden del día de la sesión prevista para ayer, pero los ediles del Partido Nacional no se presentaron y la reunión no se pudo hacer. Después de este hecho, Acosta dijo que el FA va a esperar el dictamen de la Corte Electoral y rechazó las declaraciones de Larrañaga. “Dice que estamos haciendo un circo, pero no es así, nos guiamos siempre por los parámetros de que hay una inconstitucionalidad, y no por lo personal”, aclaró.

En caso de que Da Silva no siguiera en el cargo, el que asumiría como intendente sería el secretario de la Junta Local de Cerro Chato, Elías Fuentes Flores, una persona “complicada”, según valoran fuentes del FA, ya que ha llegado a amenazar a periodistas con un arma de fuego.