En una declaración emitida desde la cumbre de Mendoza, el Mercosur reiteró su “profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria” en Venezuela. En un documento firmado también por algunos países asociados al Mercosur -Chile, Colombia y Guyana, no así Bolivia- y por México, el bloque hace “un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas”. Además, el Mercosur insta “al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes” en Venezuela.
En la declaración también se exhorta al gobierno y a la oposición “a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales”. Por último, el comunicado llama al diálogo entre las partes en conflicto en Venezuela y reitera su “plena disposición” a acompañar un proceso de este tipo “de la manera en que sus actores estimen más conveniente”.
Mientras tanto, en Venezuela la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, designó a 33 jueces para que integren el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconociendo su actual integración, que se considera que sigue las directivas del gobierno de Nicolás Maduro. Como respuesta a esa designación, el TSJ pidió a las “autoridades civiles y militares” competentes que apliquen “acciones de coerción” sobre la Asamblea Nacional y los jueces designados “a fin de mantener la paz y la estabilidad”. “Estamos en un delito en flagrancia permanente”, indicó el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, quien acusó de cometer el delito de traición a la patria a los diputados y a los jueces designados.
Por otra parte, también a nivel internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que se está trabajando para denunciar al gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. En una conferencia ante el Atlantic Council, uno de los think tanks de política internacional más conocidos de Washington, Almagro dijo: “Vamos a dar pasos institucionales dentro de la OEA para poder tipificar, de una manera adecuada y muy coherente desde el punto de vista jurídico, las violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, pueden ser juzgados por la Corte de Derecho Penal Internacional”.
Además, en su comparecencia Almagro respaldó las sanciones contra Venezuela que ha aprobado hasta ahora Estados Unidos y consideró que fueron “muy positivas” para ejercer “presión sobre el régimen”. Sin embargo, le pidió a la administración de Donald Trump que antes de suspender la importación de petróleo venezolano -una de las nuevas sanciones que se están evaluando-, analice los posibles “efectos colaterales sobre el pueblo”.