A raíz de la convocatoria de la bancada de senadores y diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, se reunió ayer con la bancada de representantes del Frente Amplio. Carlos Reutor, diputado del MPP, dijo a la diaria que en los próximos días “Bergara va a salir con una delegación para Estados Unidos” porque existe un proyecto de ley en ese país que pretende legislar para solucionar las complicaciones entre la venta legal de marihuana y las restricciones financieras derivadas de su comercialización.

Reutor contó que este proyecto de ley estadounidense impactaría a Uruguay facilitando “que haya una mayor apertura comercial, porque la banca abriría sus puertas no sólo a las farmacias, sino a todo el que quiera implementar la ley”. “Hay 29 estados de Estados Unidos, de 50, que están operando con marihuana y que tienen inconvenientes por la legislación”, indicó el legislador.

“No lo definimos nosotros sino el entorno económico; la parte financiera juega mucho. Hay que esperar a ver cuál es el proceso y si avanza esta delegación [en Estados Unidos], y ver también cómo procede el Estado uruguayo en cuanto a poder abrir otro abanico de opciones para poder trabajar esta ley”, expresó el diputado. Además, el coordinador de la bancada frenteamplista, el diputado Jorge Pozzi, dijo a la diaria que Bergara propuso como una alternativa “operar con efectivo” hasta que se determine lo que pasará con el proyecto de ley estadounidense. De hecho, esta es una de las soluciones que avanza a paso más firme: que las empresas (farmacias y productores) manejen dinero en efectivo para la compra y venta de cannabis.

Tras la reunión, Bergara sostuvo que se reunirá con los legisladores que están proponiendo esta norma en Estados Unidos. “El embajador está haciendo las gestiones para generar las reuniones correspondientes”, dijo en rueda de prensa. Lo que las autoridades intentarán mostrar en Estados Unidos es que cada etapa de la producción, transporte y venta del cannabis es legal en Uruguay y tiene un estricto control por parte del Estado. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) está en condiciones de dar esa seguridad porque el cannabis tiene trazabilidad.

Según Reutor, la intención del MPP al convocar a las autoridades del BCU y el Banco República fue contar con “un pantallazo general de primera mano” de cómo estos jerarcas están viendo la situación y qué están haciendo al respecto. “No está cerrada ninguna de las puertas, se va a continuar trabajando, y puede haber alguna modificación de la legislación u otras cosas”, agregó. El diputado resaltó que “hay que buscar la forma de que [la alternativa] siga manteniéndose en el mismo carril de la ley, y de que sea transparente y legal. Si hay opciones que cumplan con esas condiciones, bienvenidas sean”, resumió.

Ayer Bergara dijo tras el encuentro que en su momento hubo advertencias del BCU y del Banco República de que esto ocurriría. “Eso es algo que ya está documentado en la propia página del Ircca y en los propios medios de prensa de hace ocho o diez meses. Efectivamente era una circunstancia que estaba sobre la mesa, y en la medida en que eso se materializa uno tiene que buscar soluciones alternativas”.

Marihuana como un derecho

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) difundió una carta dirigida al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la que insta a resolver la imposibilidad de la venta de cannabis en farmacias a raíz de una petición de la sociedad civil. Mediante la cita a varios artículos de la Ley 19.172 (Regulación y control del cannabis), la INDDHH esboza “el enfoque de derechos humanos como guía de la política pública en materia de regulación del uso de la marihuana y sus derivados”. Según la institución, esta ley “constituye un avance en el proceso de reconocimiento de derechos humanos en nuestro país”. Por esto, recomienda al Poder Ejecutivo “que continúe trabajando” para concretar la aprobación de “las medidas necesarias para asegurar, en el plazo más breve posible, el total cumplimiento de lo dispuesto por la ley No 19.172”.