Con la participación de más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, se instaló ayer una placa en la ciudad de Treinta y Tres en homenaje a la resistencia de estudiantes y docentes víctimas de la represión durante la última dictadura cívico-militar. Se eligió para la colocación el liceo 1 de la capital departamental, centro en el que estudiaba la mayoría de los 40 jóvenes que entre el 12 y el 13 de abril de 1975 fueron detenidos y torturados en el Batallón de Infantería Nº 10, como parte de un operativo contra la Unión de la Juventud Comunista (UJC) local, ordenado por el general Gregorio Álvarez, entonces comandante en jefe de la División de Ejército IV.

Cuatro mujeres víctimas del operativo presentaron una solicitud al Ministerio de Educación y Cultura, que fue aprobada por la Comisión Especial para dar cumplimiento a la Ley 18.596, que en su artículo 8º establece: “En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos”.

Sin embargo, se pidió colocar la placa en el liceo, y no en el cuartel. “No por casualidad elegimos que fuera el 14 de agosto, y pedimos que no se pusiera en el cuartel, porque en realidad ahí no lo ve nadie, salvo los soldados que van a trabajar. Pensamos que tenía que estar en la puerta del liceo, porque nosotros éramos todos estudiantes o docentes de ese centro. Y el liceo para nosotros era nuestro lugar de lucha y de resistencia a la dictadura”, contó a la diaria Liliana Pertuy, una de las peticionantes, junto con Sandra Díaz, Mabel Fleitas y Beatriz Silva.

“En dos días nos llevaron; fuimos 40 jóvenes de entre 13 y 20 años; la mayoría, unos 25, menores de 18. El 12 y el 13 de abril se llevó a cabo la detención masiva, y después de pasar por el cuartel, los menores de 15 años fueron liberados tras un mes de detención. A los que teníamos entre 15 y 17 años nos llevaron para Montevideo, en una madrugada, sin que nuestros padres supieran, y nos depositaron en el entonces Consejo del Niño. Los mayores de 18 fueron presos, terminaron en las cárceles y estuvieron entre cuatro y seis años recluidos”, añadió.

Pero además de la tortura y la reclusión, después vino la gran farsa y la condena social, que motivó que muchos de ellos se vieran obligados a abandonar su ciudad natal. Pertuy explicó que el propio Álvarez y el general Julio César Vadora “pergeñaron el operativo y fueron los artífices de un comunicado para ocultar lo horrendo de haber llevado presos y torturado a niños y adolescentes”.

Los grandes medios de comunicación de la época reprodujeron el comunicado de la dictadura y lo hicieron creíble. En el texto se hablaba de la intención de “reclutar jóvenes [...] como elementos de vanguardia en la lucha a llevar a cabo contra nuestro tradicional sistema democrático”, por lo que los marxistas supuestamente organizaban “reuniones, fiestas, guitarreadas y campamentos”. Acusaron a los jóvenes de haber participado en un campamento en La Esmeralda en el que habrían estado en un ámbito de “promiscuidad”, en el que hubo hasta “cambios de parejas” y “tres jovencitas rivalizaban en verdaderas competencias de índole sexual, en las que procuraban medir sus respectivas resistencias, habiendo participado en ellas un elevado número de representantes del sexo masculino”. Pertuy recordó: “Eso implicó una condena social. Imaginate 40 años atrás y en una ciudad del interior”.

Ayer, integrantes de la brigada de propaganda Líber Arce, de la UJC, que fueron camaradas de generación de los jóvenes detenidos en Treinta y Tres, entregaron al liceo un mural pintado por ellos en estructuras de yeso, para que sea colocado en el interior del centro de estudio.