La empresa estatal brasileña Petrobras informó en un comunicado divulgado en Brasil que decidió solicitar un arbitraje internacional para resolver los conflictos de sus distribuidoras de gas, ante el fracaso de las negociaciones que intentó con el gobierno uruguayo.

La petrolera brasileña dice en el comunicado, según recoge la agencia de noticias Efe, que aspira a que los árbitros internacionales ayuden a resolver el conflicto generado por el elevado precio que tiene que pagar por el gas argentino importado por Uruguay, que no puede derivárselo a sus clientes. “El precio del gas argentino que Uruguay importa fue multiplicado por ocho entre 2005 y 2015”, dice la compañía.

Petrobras es dueña de la distribuidora Montevideo Gas y de Conecta, con 55% de sus acciones. Según la petrolera, las condiciones en las que fueron establecidas estas concesiones, en 1994 y 1999, no perduraron mucho tiempo, debido a que Argentina elevó los precios de este combustible, lo que provocó restricciones en el abastecimiento de gas en Uruguay, y el desequilibrio financiero de estas empresas. La empresa sostiene que intentó resolver estos problemas en conversaciones con diferentes autoridades uruguayas, sin resultado alguno. El comunicado añade además que la decisión del gobierno de cancelar la obra de la regasificadora agravó el problema.

“Las condiciones de oferta de gas a las distribuidoras en Uruguay empeoraron a partir de mayo de 2017. Quedaron más caras y los nuevos costos aún no fueron debidamente repasados a las tarifas por el Estado uruguayo”, sostiene la empresa. Esa fecha responde a que ANCAP firmó un contrato con la estatal Energía Argentina para que esta sea la abastecedora exclusiva de gas en Uruguay.

Según Petrobras, pese a haber cumplido con todas sus obligaciones, el gobierno uruguayo decidió en mayo ejecutar la garantía bancaria de tres millones de dólares depositada por Petrobras a la concesión de Montevideo Gas, bajo el argumento de que la empresa “incumplió” con el pago de parte del arrendamiento para el uso de los bienes concedidos. Eso se debió, según la empresa, a que Montevideo Gas entró en un proceso administrativo para pedir que fue eliminada una parte de los pagos por el arrendamiento, por considerar que “fueron incluidos de forma abusiva impuestos y regalías argentinas en el cálculo de cobro del gobierno uruguayo”.