A la vez que el plebiscito contra la “bancarización obligatoria” que impulsa el mediático abogado Gustavo Salle parece ahogarse en la indiferencia de los uruguayos, algunos comerciantes que son parte de la Comisión ProPlebiscito, que lanzó una iniciativa con fines similares, aseguran que llevan adelante una enérgica recolección de firmas y esperan utilizar la concentración de mañana en Durazno como una oportunidad para aumentar sus apoyos.

En declaraciones a la diaria, Salle dijo que la recolección “no viene muy bien”. “No tengo el apoyo de ningún sindicato ni de ningún partido político”, dijo el abogado, que además sostuvo que muchos políticos “salieron a hacer ruido, pero luego, frente a los banqueros, tienen que hacer buena letra”. Según Salle, la campaña que lidera lleva entre 30.000 y 40.000 firmas, lo que es algo más de 10% de las requeridas para llevar adelante el plebiscito. El abogado sostuvo además que los comerciantes “se bajaron del caballo” y “se llamaron a cuarteles de invierno”. “Tiraron la toalla; al menos es lo que yo veo en la calle. Lo que al principio fue una movilización ahora se desactivó por completo, y ellos podrán decir lo mismo de nuestra campaña, y es cierto”, dijo. Para Salle “el pueblo está en otra, y principalmente los jóvenes”, ya que “existe todo un aparato que busca distraer a la juventud”.

Pero a diferencia de lo dicho por Salle, los comerciantes que conforman buena parte de la Comisión ProPlebiscito, lanzada en agosto del año pasado, aseguran que ya han reunido algo menos de la mitad de las firmas requeridas y confían en que durante este año lograrán recolectar las que resta. “La Cámara Regional de Comerciantes del Este [Crece] está en su totalidad juntando firmas, junto a jubilados y asociaciones agrarias, y estas ya deben de andar en el orden de las 100.000”, dijo Tomás Casas, del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja. “Las primeras se consiguieron en una dinámica rápida, y las que siguieron se obtuvieron más esporádicamente”, describió. Para que la reforma se logre llevar a cabo es necesario juntar las firmas de al menos 10% del padrón electoral, lo que, según el gremialista, son cerca de 260.000 firmas. Casas incluso aseguró que varios grupos se han ido adhiriendo a la campaña, y entre las recientes incorporaciones mencionó la de la Confederación Empresarial del Uruguay, que nuclea a 22 asociaciones, cámaras y centros comerciales e industriales del interior del país.

A pesar de que con las fiestas y el verano la campaña de promoción del plebiscito se enlentenció, Crece considera que la movilización de “autoconvocados” que se realizará mañana en Durazno será una oportunidad excelente para promover el plebiscito. “Hay que aprovechar la movida del martes. Mucha gente va a firmar”, vaticinó Rafael Rivero, del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo. En una misma línea, Casas sostuvo que la estrategia será ir a Durazno para “revitalizar nuestra lucha”. De hecho, el gremialista y también dirigente del Partido Nacional recordó que el plebiscito que promueve Crece, junto a la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la organización Ciudadanos Orientales, la Nueva Central de Trabajadores (escindida del PIT-CNT) y otros colectivos, no sólo impide la bancarización obligatoria y establece que el papel moneda siempre va a tener “poder cancelatorio”, sino que además contiene una “serie de artículos que corrigen problemas que nos han llevado a estas situaciones”, como la “prohibición de impuestos encubiertos a través de las tarifas públicas”. En efecto, la propuesta de la Comisión ProPlebiscito está muy lejos de referirse únicamente a la Ley de Inclusión Financiera que se pretende cambiar. La iniciativa busca modificar los artículos 24, 36, 53 y 58, y no todos los cambios mencionan directamente la bancarización. Por ejemplo, el artículo 24 dice: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”. La comisión propone agregar que “queda comprendido en el inciso anterior, el establecimiento por mandato legal de mecanismos impuestos por el Estado tendientes a asegurar su funcionamiento o contralor. Se evitará la aplicación de toda práctica que implique una forma de tributación encubierta”.

Los opositores a la Ley de Inclusión Financiera planean, además, acelerar su campaña durante el segundo semestre de 2018. “Se va a intensificar la campaña allí. Vamos a salir con publicidad, al menos en esta zona del país, para darle un empujón más grande a la campaña y no dejar que se enfríe el tema en la segunda mitad del año”, dijo Rivero.