El “protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario/fundamental/ básico y medio/secundario entre los estados partes del Mercosur y estados asociados” tuvo un trámite parlamentario tan engorroso como su nombre. Firmado en San Juan, Argentina, en 2010 –aún tiempo de gobiernos progresistas en la región–, ingresó a la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores de Uruguay en julio de 2012. Tras un estudio que duró más de un año en comisión, la iniciativa fue aprobada y remitida al plenario de la cámara. Pero, una vez allí, el entonces senador colorado Ope Pasquet consideró que por exigencia constitucional se debía consultar al Consejo Directivo Central de la Administración de Educación Pública su opinión sobre el proyecto. Por tanto, la cámara decidió por unanimidad que este regresara a comisión; no volvió a tratarse y se archivó al final del período legislativo, en 2015.

Este lunes, 29 de enero de 2018, el Ejecutivo envió nuevamente al Parlamento el protocolo, que sustituye a otra norma firmada en 2002 y actualmente vigente. En primer lugar, el nuevo protocolo define con mayor amplitud los niveles educativos abarcados. Dispone que los estados partes del Mercosur y estados asociados “reconocerán los estudios de nivel primario/ fundamental/ básico y medio/secundario, a través de sus diplomas, títulos y certificados, expedidos por instituciones educativas de gestión estatal o privada, oficialmente reconocidas conforme a las normas educativas de las respectivas partes”. El protocolo vigente sólo habla de educación “fundamental” y “media no técnica”. Además, la nueva norma, al igual que la anterior, establece que los estudios incompletos serán reconocidos para completar los estudios en el país receptor.

En segundo lugar, la nueva norma cambia el nombre del organismo encargado de establecer las equivalencias correspondientes para cada uno de los niveles educativos: en vez de “comisión regional técnica”, será “comisión técnica regional”. Pero, más allá del cambio en el orden de las palabras, en el nuevo protocolo se deja asentado que este organismo se reunirá una vez al año; la norma vigente no establece periodicidad de reuniones, y se limita a señalar que la comisión funcionará cuando dos estados partes se pongan de acuerdo para convocarla.

En tercer lugar, el proyecto nuevo elimina una disposición contenida en la norma vigente que establece que la reunión de ministros de Educación del Mercosur “propenderá a la incorporación de contenidos curriculares mínimos de historia y geografía de cada uno de los estados partes”. Finalmente, la nueva iniciativa establece que las controversias que no puedan solucionarse mediante el diálogo entre las partes deberán dirimirse en el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur; el protocolo vigente sólo dispone que las diferencias y conflictos entre las partes tendrán que resolverse “mediante negociaciones diplomáticas directas”.