Familiares de personas asesinadas durante espectáculos deportivos reclamaron ayer en la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Senadores que se modifique la Ley de Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos, ya que no los contempla.

Una delegación de familiares de víctimas de la violencia en el deporte visitó ayer este cuerpo parlamentario. En ella había parientes de Rodrigo Núñez, un adolescente hincha de Aguada asesinado en 2009; de Soledad Barrios, una mujer del barrio Cordón que perdió la vida por una bala perdida tras un enfrentamiento entre hinchas de Cordón y Welcome, y de Hector Da Cunha, un parcial de Cerro que fue asesinado en 2005 por hinchas de Peñarol frente a su esposa y su hijo.

“No somos más de siete las familias que nos encontramos en esta situación. La propuesta que traemos a la comisión es que el Estado, que otorga pensiones para las víctimas de delitos violentos, contemple casos como el nuestro porque lamentablemente la ley no nos ampara”, dijo Carlos Barrios, padre de Soledad Barrios en la comisión.

Seguidamente, Natalia De Martino, viuda de Da Cunha, ilustró la situación que viven muchos de estos familiares: “Es mentira que –como dice la gente popularmente– estas situaciones se superan. Nosotros tenemos que realizar tratamientos sicológicos que son de muy alto costo y, en lo personal, también debo asistir a consultas con médicos y psiquiatras a consecuencia del asesinato de Héctor y de todos los dolores que me ha causado; a eso debemos sumarle los daños económicos que sufrimos”. Por eso, pidió solicitar que sus necesidades puedan ser “contempladas”. “Sabemos que lo han hecho y que el Estado ayudó a mucha gente. Sabemos que se han aprobado muchas leyes que contemplan estos casos, pero nuestros derechos también fueron violados y nadie nos ayudó; es más, nos han puesto a un lado”, agregó.

A su turno, el senador colorado Pedro Bordaberry explicó que el BPS no les otorga una pensión porque “ley prevé la compensación no solamente para el caso de los homicidios sino para los asesinatos en determinadas circunstancias”. “La ley es muy acotada y refiere al homicidio en caso de rapiña, copamiento o secuestro. Entonces, es obvio que cuando se aprobó el beneficio la norma dejó fuera estos casos”, explicó. Luego informó que “son muy pocos los beneficios que ha otorgado el BPS de acuerdo con esa ley. Creo que al año pasado fueron 14, por lo que es casi que testimonial. Por tanto, el camino sería aprobar una ley que amplíe eso”, sostuvo. No obstante, observó que actualmente incluso hay un “impedimento constitucional”, ya que “de acuerdo con la Constitución, no se pueden otorgar beneficios un año antes de las elecciones, es decir antes del 27 de octubre”.

No obstante, tanto Bordaberry como el presidente de la comisión, el frenteamplista Enrique Pintado, asumieron el compromiso de ir haciendo los contactos para, de lo posible, intentar modificar la normativa una vez terminado el proceso electoral. “Si hay consenso entre todos los partidos, se podrían realizar los contactos para tener recorrido un camino en la fecha indicada, que sería modificar el artículo 3.º de la Ley n.º 19.039 [de Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos], incorporándole los homicidios por violencia en el deporte. No nos hemos encargado de ese tema lamentablemente porque esta comisión prefiere ocuparse de lo positivo del deporte y no de las deformaciones”, dijo a su turno Pintado.

Seguidamente, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres observó que “la ley tiene agujeros que no debería tener y que han generado un daño y la incapacidad de dar respuesta a un reclamo que es realmente justo”. También el nacionalista Carlos Camy adhirió a la propuesta de trabajar para modificar la norma.