El asunto fue así: en junio de 2017 la Oficina Nacional de Servicio Civil adjuntó a la Rendición de Cuentas de 2016 un informe que revelaba que los cargos de particular confianza fueron algunos de los que más aumentaron en 2016, y que, entre los gobiernos departamentales, el que más cargos de ese tipo tiene es Cerro Largo (163); además, esta comuna hizo ingresar en ese año a 202 funcionarios por designación directa.

El martes, el nacionalista Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, dijo a El Observador que reintegró a estos 202 funcionarios (que trabajan en sectores de obras, barrido, recolección, comedores, partidas de nacimiento, entre otros, y que habían sido desvinculados por el intendente interino Pedro Saravia, que sustituyó a Botana durante la campaña electoral) por “un acto de justicia” con gente que fue “víctima de una feroz persecución política”.

Así las cosas, Saravia explicó a la diaria que durante su breve mandato aplicó la Constitución de la República y la ley, ya que “había una cantidad de funcionarios que no eran de confianza, sino zafrales, que habían ingresado en el año anterior al electoral, algo que está prohibido específicamente por la Constitución”. “Era una situación irregular y yo la regularicé. Todo lo demás es un invento de Botana, que no sabe cómo justificar los desvíos de plata, los gastos inútiles, los 1.500 funcionarios que tiene, y los 162 funcionarios que él dice que son de confianza pero no son”, arremetió Saravia. Luego subrayó que si hubo “persecución política”, que Botana la denuncie y la pruebe. “Por qué no la prueba. Porque una cosa es boquillar para la tribuna y otra cosa es ser serio y tener un justificativo y una documentación que acredite que eso fue persecución política. Que me haga la denuncia. ¿Por qué no la hizo? Tres años después, viene a hablar de esa pavada”, agregó Saravia.

Lejos de quedarse en el molde, el ex intendente aseguró que Botana salió a hablar ahora porque “le destaparon todos los chanchullos que tiene”. “La gente en Cerro Largo, con el movimiento de autoconvocados, le cayó en el lomo por la manera en que gasta la plata, por la cantidad de funcionarios que tiene y por miles de cosas más, como la contribución inmobiliaria, un tributo que los intendentes aumentaron 18% a escondidas”, dijo Saravia. Aseguró que algunas personas, incluso “muy amigas” de Botana, le dijeron al actual intendente: “Loco, nos estás matando; no hay caminería rural, los barrios están desechos, no hay servicios, y vos gastás la plata en cualquier cosa”. Entonces, a juicio de Saravia, Botana “tuvo que echarle la culpa a otro para tratar de zafar de la barbaridad que le destaparon”.

Botana, por su parte, dijo a la diaria que es cierto que le echó la culpa a Saravia de la destitución de los funcionarios, porque cree que “la tiene” y que también tiene la culpa el Frente Amplio, “que se quedó en silencio en la Junta Departamental”. Además, dijo que del total de 410 funcionarios destituidos reintegró a esos 202, que en su “mayoría” tenían cerca de cuatro años de antigüedad. Agregó que incluso había personas que contaban con 28 y 19 años de trabajo y que “le iban a hacer un juicio a la intendencia”. Aseguró que los que habían entrado el año anterior al electoral no fueron reintegrados. “Cuando reintegré a la mitad de la gente que corrieron, lo hice porque, por ejemplo, nosotros tenemos la sana costumbre de levantar la basura todos los días, o sea que preciso a la gente para hacer esas tareas. Si yo no hubiera reintegrado a esa gente, tendría que haber contratado a otros 200 y la Justicia me habría dicho que a estos también los tengo que reintegrar. Entonces, me quedo con los 200 que contraté más los 200 que tuve que reintegrar, además de pagar indemnizaciones. Eso sería una conducta irresponsable”, sentenció.

En cuanto a los dichos de Saravia sobre la situación de Cerro Largo, Botana dijo que el ex intendente debería ver “cómo está la caminería”, ya que están haciendo “carreteras de bitumen en zonas rurales” y que, “lamentablemente”, le han tenido que “dar de comer al doble de gente” en los comedores, “debido al desempleo que tenemos en la región”. “Yo dije que la contratación de esta gente fue un acto de justicia, pero no dije que fuera de norma. Si la Justicia me hubiera pedido que contratara a todos esos de vuelta, no iba a llamar a concurso, porque eran esos funcionarios. Si mañana el Estado va a resarcir a las víctimas de la dictadura, no llama a concurso, resarce a las víctimas de la dictadura. Yo tenía que reintegrar a esos funcionarios que tenían el derecho”, finalizó Botana.