Ayer fue la segunda audiencia en el marco del recurso de hábeas corpus correctivo que presentó el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, en la Justicia penal, para lograr un plan de alfabetización en el Comcar. En primera instancia, el Juzgado Penal de 37º Turno rechazó el recurso, pero Petit apeló la resolución judicial y un Tribunal de Apelaciones en lo Penal revocó la sentencia, dando lugar a la acción. En ella, el comisionado parlamentario solicita que se haga un censo para determinar la cantidad de analfabetos que hay entre las personas recluidas en el Comcar, que se establezcan los recursos y actividades para alfabetizar a esa población y que se articule con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para concretar dicho plan.

El caso lo tomó el Juzgado Penal de 36º Turno. Por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) concurrieron a la audiencia los abogados Aníbal del Campo y María del Rosario Romero, y el presidente del Consejo Directivo Central, Wilson Netto, mientras que Petit fue acompañado del abogado Juan Ceretta, ya que el caso es auspiciado por la Cátedra de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, de la que es titular. Estaban convocados como testigos las autoridades del INR, pero la citación, que fue enviada por fax a la Jefatura de Policía, no llegó a destino. La ausencia del INR motivó, al final, que se debiera convocar a una nueva audiencia a las tres partes, para mañana.

Netto presentó una propuesta que, informó, fue elaborada en conversaciones con las autoridades del INR. Señaló que del relevamiento realizado por el INR surge que en el Comcar hay 130 presos que se autodefinen como analfabetos y 263 personas que dijeron que no terminaron la escuela primaria. Según transmitió el presidente del Codicen, mañana se hará una prueba diagnóstica a los 130 considerados y una prueba de acreditación para los 263 que no terminaron la escuela, para luego iniciar el trabajo en grupos de 20 personas privadas de libertad, con cinco maestras (cuatro de ANEP y una que trabaja en el Comcar) y cinco tutores (presos que colaboran en el proceso de formación). Netto marcó que se venía trabajando en este plan en el INR y que para concretarlo son necesarios tres elementos: que haya una propuesta educativa y docentes a cargo, que se den las condiciones físicas y la logística necesaria para el traslado de los estudiantes, y que los reclusos tengan la voluntad de participar. “Es imprescindible coordinar con el INR”, destacó.

Petit y Ceretta saludaron la propuesta pero señalaron que, a su entender, los números de analfabetos son “muy superiores a 130”, lo que generó un debate sobre los datos, ante lo que la jueza Marcela Vargas optó por convocar a una nueva audiencia mañana, a la que se volverá a citar al INR. Para esa instancia, Petit se consideró “optimista” en “llegar a un acuerdo”.