Luego de que algunos diputados oficialistas constataran “severos problemas” de vulneración de los derechos de los trabajadores en el frigorífico Frigocerro de Durazno, problemas ambientales y pésimas condiciones sanitarias, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes planea organizar una visita a ese establecimiento, que se espera que incluya además a funcionarios de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Salud Pública y Ganadería, Agricultura y Pesca.

La propuesta fue planteada por el diputado Luis Puig (Frente Amplio), quien mencionó en la sesión de la comisión del 7 de marzo que los trabajadores solicitaban que concurriera al establecimiento una delegación de la comisión junto con representantes de las carteras mencionadas, debido a que eran múltiples las denuncias realizadas. “Yo estuve allí hace 15 días y advierto que efectivamente las denuncias son muy fuertes. Por lo tanto, vamos a solicitar que se instrumente que la comisión se traslade al departamento, coordinando con estos organismos”, dijo Puig en esa reunión.

En diálogo con la diaria, el diputado sostuvo que el propietario del frigorífico, Diego Ramón Ortiz, actúa con absoluta impunidad, sin que parezcan importarle las multas que le ha impuesto el MTSS. “Le han aplicado una serie de multas. Las paga y sigue adelante sin cambiar los criterios de trabajo, con la misma actitud de desconocimiento de los derechos laborales, más allá de la actitud del MTSS para intentar cambiar su conducta”, comentó al respecto el legislador. En opinión de Puig, lo importante es que el encuentro se concrete cuanto antes, dado que el sindicato sufre las medidas antisindicales impuestas por Ortiz.

El diputado colorado Fernando Amado, presidente de la comisión, dijo a la diaria que ese organismo ya está gestionando la visita a Frigocerro: “Es una propuesta que empezamos a bajar a tierra. No es fácil coordinar reparticiones del Estado para una visita conjunta, pero ya hablamos con el dueño [Ortiz] y no tiene ningún problema en recibirnos, salvo que le avisemos con un tiempo de anticipación”.

A principios de setiembre, Frigocerro fue clausurado durante seis días por el MTSS, a solicitud de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS). Esa unidad ejecutora había constatado reiterados incumplimientos por parte de esta empresa de “observaciones e intimaciones” formuladas por el organismo, referentes a “condiciones de salud y seguridad de sus trabajadores”. La “clausura sancionatoria” había sido la máxima que permitía la normativa, seis días de sanción, según explicó en su momento el titular de la IGTSS, Gerardo Rey.

Pero tras esa sanción los problemas no se solucionaron en el frigorífico. Al menos eso sostuvieron los diputados frenteamplistas Gerardo Núñez y Martín Tierno, en una carta que le enviaron al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, a principios de año y tras una visita al establecimiento. En aquella misiva, los legisladores denunciaron que la situación permanecía “incambiada” en “varias áreas de la planta”, y que eso comprometía “seriamente” la salud y la seguridad laboral de los trabajadores. También señalaron que estos cumplían tareas “sin guantes, o con un solo par proporcionado por la empresa, por lo que muchos gastan su propio salario para adquirirlos”. Además observaron que “los vertidos de la planta son realizados directamente a una laguna que se encuentra a escasos metros del río Yi, en una zona inundable”, y que, con las frecuentes crecidas de ese río, derivan directamente en este. Por último, señalaron que numerosos animales llegan a faena “ya muertos, o en pésimas condiciones sanitarias”, y que “muchos” de ellos son “amontonados al aire libre, también muy cerca del cauce del río Yi”. Esto, señalaron, afecta no sólo la salud de los trabajadores, sino la de “toda la población de Durazno”, e implica que “muchos” de los animales faenados para ser exportados “no cumplen con todas las exigencias”, algo que “puede poner en riesgo el conjunto de la exportación cárnica de Uruguay”.