En medio de denuncias y acusaciones mediáticas sobre nepotismo en cargos públicos, la diaria recibió un planteo que cuestiona la forma en que Pablo Chediak Brum, hijo del ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Chediak, fue contratado en setiembre de 2017 para ocupar un cargo de Técnico II (Escalafón R, Grado 12) para la División Tecnología del Poder Judicial (PJ).

A nivel de estudios, las bases determinaron que quienes se presentaran tuvieran al menos dos años aprobados de la carrera de informática. El puntaje máximo era 90 puntos: hasta 15 por la formación curricular; hasta 25 por la extracurricular (cursos, talleres y otras instancias de capacitación y entrenamiento); hasta 25 por la experiencia profesional; hasta 15 por la evaluación psicolaboral; y hasta 10 puntos por la entrevista con el tribunal del concurso.

“La vigencia de los resultados de la convocatoria será de un año a partir de su homologación, considerándose habilitados para ser designados aquellos postulantes que hayan alcanzado un mínimo de cincuenta (50) puntos. En el caso que lo ameriten razones de servicio, la Suprema Corte de Justicia se reserva la decisión de designar [SCJ] o no a concursantes en lista de espera, siempre y cuando su puntaje y perfil técnico sean considerados como adecuados, o la de definir un mecanismo de provisión de las vacantes a cubrir”, decía el punto 5 de las bases del concurso.

Las inscripciones para aspirantes cerraron el 17 de febrero de 2017 y el tribunal estuvo conformado por tres funcionarios de la división Tecnología del Poder Judicial: el doctor Samy Akerman Rudin, actuario adjunto, Néstor Piazza Musacchio, y Elianne Pons Fuentes (ambos técnicos I y analistas de sistemas).

Sólo uno de los aspirantes sumó el mínimo exigido, y el 10 de agosto la SCJ, teniendo en cuenta “la necesidad urgente de cubrir los cargos”, resolvió “hacer uso de la facultad prevista en las bases” de “designar o no a concursantes en lista de espera siempre y cuando su puntaje y perfil técnico” se consideraran adecuados, en vez de definir un mecanismo para cubrir las vacantes. Al evaluar que otros postulantes tenían “el adecuado perfil técnico para el cargo y que las contrataciones [eran] provisorias por el término de seis meses”, resolvió habilitar el nombramiento de los concursantes que habían obtenido por lo menos 40 puntos. La resolución (Nº 866/2017) fue firmada por cuatro ministros de la SCJ (Elena Martínez, Felipe Hounie, Bernadette Minvielle y Eduardo Turell) y por el director general de Servicios Administrativos, Elbio Méndez Areco. No la firmó Jorge Chediak.

En consecuencia, la resolución de la SCJ Nº 1029/2017, aprobada el 4 de setiembre, resolvió contratar, hasta el 31 de diciembre de 2017, no sólo al concursante que había obtenido 50 puntos, sino también a Pablo Chediak Brum, que sumó 49 puntos, y a un tercero que logró 47,50 puntos. Jorge Chediak también se abstuvo de firmar esa resolución.

El contrato es por 40 horas semanales, con un sueldo líquido que ronda los 50.000 pesos. Si no hay una mala evaluación de desempeño, se renueva, y lo habitual es que, tras dos años de trabajo, los contratados pasen a ser presupuestados. Consultado por la diaria, el ministro Chediak señaló que su hijo ingresó a la división Tecnología del Poder Judicial por concurso, y que para eso dejó un puesto presupuestado en la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la que también ingresó por concurso.

El ministro de la SCJ puso a disposición de la diaria el expediente del llamado, destacó que “es notorio que los informáticos tienen desempleo cero”, y subrayó que “obviamente las bases de los concursos no pueden ser modificadas (salvo para el futuro)”. Aludió así a que en este caso las bases contemplaban la posibilidad de que la SCJ designara, por “razones de servicio”, a concursantes que no alcanzaran el mínimo de 50 puntos, si consideraba que tenían un adecuado perfil técnico.

Hasta ayer la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) no tenía conocimiento del caso. Richard Ascurrein, secretario general del gremio, dijo a la diaria que averiguarán lo que sucedió. Comentó también que los sueldos que paga el Estado al personal de informática son bajos con respecto a los del sector privado, y que por eso la permanencia de quienes acceden por concurso no es duradera.