Los beneficiarios del Banco de Previsión Social y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) podrán adquirir garrafas de supergás con un descuento de 74 pesos, gracias a una iniciativa conjunta de estos dos organismos, más ANCAP y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. La medida fue duramente criticada por la oposición. “No hay que darles supergás a los pobres. Hay que enseñarles a transformar sustancias combustibles en calor”, aseguró el senador nacionalista Jorge Larrañaga. El senador colorado Pedro Bordaberry, mientras tanto, aseguró que este tipo de medidas “hacen que la gente deje de esforzarse por entrar en calor y en lugar de eso se quede esperando a que Papá Estado les solucione el problema. Nuestros chicos tienen que aprender a frotarse las manos y dar saltitos, porque es la única manera de que estén preparados para sacarse el frío en su vida adulta”. Desde el movimiento Un Solo Uruguay no criticaron la medida directamente, pero fuentes de los autoconvocados reconocieron que en las próximas proclamas se incluirá el alto costo del supergás como uno de los factores que, junto con el precio del gasoil y el atraso cambiario “atentan contra la rentabilidad del campo”. Desde el gobierno, sin embargo, defienden el plan. “En un Uruguay solidario e inclusivo, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a quedarse sin supergás en invierno. No puede ser que haya personas que no puedan llamar y pedir una garrafa porque no tienen plata. Más allá de que es altamente probable que nunca les llegue, como le ocurre a cualquier uruguayo, los clientes deben tener el dinero necesario cuando piden la garrafa, porque nunca se sabe, en una de esas justo se arregla el desabastecimiento y tienen que pagarla”, aseguró un funcionario del Mides. Desde el gobierno explicaron que el subsidio al supergás es la primera de una serie de medidas destinadas a “integrar a las personas de bajos recursos al sistema de frustraciones cotidianas de los uruguayos”. Entra las próximas iniciativas se encuentran un descuento de 10% en los viajes en taxi, que compensaría el 10% extra que se debe pagar debido a la costumbre de los conductores de elegir recorridos deliberadamente más largos y costosos, y un programa para financiar las consultas médicas privadas que se deben pagar porque los prestadores de salud otorgan horas para los especialistas dos años después de que son solicitadas.