Seis meses después de implementado el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), el gobierno definió una serie de cambios para acotar el beneficio de la libertad anticipada, establecer en forma obligatoria la prisión preventiva para reincidentes y dar mayores potestades a la Policía.

En un proyecto de ley enviado esta semana al Parlamento, el Poder Ejecutivo explica que entiende “conveniente hacer ajustes que permitan una mejor coordinación y trabajo conjunto entre policías, fiscales y tribunales”, así como “dotar a la Policía de una mayor flexibilidad a la hora de trabajar, brindándole un fuerte respaldo legal, que le permita hacerlo de manera más eficiente”. “Durante el proceso de implementación del CPP, se han generado distintas interpretaciones en cuanto al accionar policial que debe cumplir en su rol de auxiliar de la Justicia”, y “dicha función no puede implicar la carencia de cierto grado de autonomía a la hora de proceder a cumplir con ciertas competencias”, se argumenta en el mensaje a los legisladores.

En primer lugar, se señala que la Policía deberá ser auxiliar en las tareas de investigación, “de conformidad con las disposiciones legales vigentes”, mientras que el CPP vigente dispone que debe hacerlo “de conformidad con las instrucciones que les impartan los fiscales”.

El actual CPP establece que la Policía debe identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos presten “voluntariamente”; la iniciativa del Ejecutivo elimina la palabra “voluntariamente”. Además, mientras que el CPP actual sólo habilita a la Policía a efectuar el registro personal a personas detenidas, el proyecto habilita a registrar a personas “de las que existan indicios de que hayan cometido delito, intentado cometerlo o que se dispongan a cometerlo”.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo ayer a la prensa que comparte los cambios propuestos por el Ejecutivo. En la misma línea, la senadora frenteamplista Daniela Payssé declaró a la diaria que las modificaciones están en línea con los ajustes que ya se habían conversado en el Parlamento y estimó que el proyecto podrá empezar a tratarse la semana próxima.