La Cámara de Senadores comenzó a discutir ayer un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que habilita la adquisición por parte del Estado de viviendas que se encuentren vacías o degradadas. “Hay algunas cosas que no nos convencen del todo. En el caso de las viviendas de Punta del Este que no están ocupadas porque no fueron construidas para tal fin sino para lavar dinero, ¿también van a ser compradas por el Estado? Esto sería un mazazo a la actividad inmobiliaria del balneario”, aseguró un legislador de la oposición.
Las mayores críticas provinieron del Partido Independiente (PI). Su líder, el senador Pablo Mieres, aseguró que el proyecto “así como está, podría ser un atentando contra las posibilidades de funcionamiento de los partidos políticos, algo grave en cualquier sistema republicano”. El legislador se refirió al plazo que se maneja para que un inmueble sea considerado abandonado, que es de 24 meses. “Nuestra sede partidaria tiene mucha actividad durante el período electoral, porque la gente se está dando cuenta de a poco de que los extremos no son buenos y siempre hay que buscar un punto medio. Pero la verdad es que en el período entre elecciones no va mucha gente. De hecho, puede pasar hasta 36 meses abandonado. Esta ley prácticamente nos dejaría sin la posibilidad de tener una sede propia”. Mieres explicó que “para los cuadros del PI, asistir a la sede entre elecciones representa un acto de fanatismo dogmático que va en contra del espíritu del partido”.