En un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, prohibió los nuevos ingresos en la administración pública.

El decreto incluye algunas excepciones: las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario, la Administración Federal de Ingresos Públicos y las universidades públicas.

Esta medida se aprobó en el marco del intento del gobierno argentino de cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que incluyen una reducción del déficit fiscal de 3,2% a 2,7% del Producto Interno Bruto en 2018.