Anoche le practicaron una cesárea a Lucía, la niña tucumana de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela. Aunque había pedido expresamente, al menos ocho veces, la interrupción del embarazo, garantizada por la ley en estos casos, el titular de la Secretaría Provincial de Salud, Gustavo Vigliocco, encabezó una cruzada con grupos antiderechos para obligarla a parir. Casi todos los días visitaba a la niña en el hospital Eva Perón. Le acariciaba la panza, le mostraba las ecografías y le hablaba de lo hermoso que es ser madre. “¿Estás segura de que querés matar a tu bebé”, le preguntó un día, según publica el portal La Nota, de Tucumán.

El embarazo finalmente se interrumpió. Pero no se cumplió con el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “La responsabilidad es de la institución y del sistema de salud, que deberían haber garantizado esta práctica hace 30 días”, explicó a Cosecha Roja la abogada Florencia Vallino, integrante de la agrupación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que acompaña a la familia.

La niña está bien de salud. El feto pesa aproximadamente 600 gramos y casi no tiene posibilidades de sobrevivir, explicaron en el hospital Eva Perón, donde Lucía está internada desde hace un mes. Anoche un médico y una médica de una institución privada la revisaron. Hasta ese momento no habían tenido contacto con ella. En una provincia en la que la mayoría de los profesionales de la salud se oponen a garantizar el derecho al aborto legal, ellos dos fueron los únicos que se animaron a intervenir. El cuadro de salud era delicado. Los médicos explicaron que era inviable otro tipo de intervención que no fuera la cesárea.

“Hemos llegado a esta situación por la desidia de un sistema que no garantiza derechos, que desde el 29 de enero conoce esta situación y no ha llevado adelante la interrupción del embarazo en cumplimiento directo del protocolo de ILE. Ese retraso fue la causa de que se llegara a esta situación, a esta encrucijada en la que los profesionales no tenían más alternativa que esta”, explicó Vallino.

Soledad llevó a su hija Lucía a la sede de Centros de Atención Primaria de Salud de 7 de Abril, una localidad del noreste de Tucumán. Ahí se enteró de que estaba embarazada de 16 semanas. Había sido abusada por Eliseo Víctor Amaya, el novio de la abuela, de 65 años. La mujer presentó la denuncia y el hombre quedó detenido.

Según el Código Penal, sancionado en 1921, la violación es una de las causales que permiten acceder a un aborto legal. Según un fallo de la Corte Suprema de 2012 alcanza con la decisión de la menor o del representante legal para que el embarazo se interrumpa. En ocho oportunidades, incluida una declaración en Cámara Gesell, Lucía pidió la interrupción del embarazo y detalló el sufrimiento que padecía. El sistema de salud ignoró la voluntad de la nena y de su madre, que firmó el formulario de consentimiento.

A la madre le dieron información sesgada: le dijeron que si accedía a una interrupción del embarazo le iban a quitar el útero y nunca más podría quedar embarazada. La cruzada antiderechos no logró convencer a la nena y a su madre, pero pudo prolongar el embarazo y volver inviable un aborto legal en los términos del protocolo de ILE.

Vallino anticipó a Cosecha Roja que desde ANDHES harán una presentación judicial para determinar las responsabilidades de los agentes públicos y evitar que en Tucumán otra niña pase por una situación similar.

En enero, la familia de una nena de 12 años abusada pidió la ILE en el hospital Guillermo Paterson, de San Pedro, Jujuy. Los médicos objetores de conciencia se la negaron. Fue trasladada al Hospital Materno Infantil, en San Salvador: de acuerdo con el protocolo, los embarazos en menores de 15 años deben recibir atención en ese hospital. El traslado demoró cinco días. Después de una semana en el hospital, le negaron la ILE y le practicaron una cesárea contra su voluntad. El bebé murió al nacer.