La primera sesión del juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández terminó, después de tres horas, cuando se dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 27 de mayo.
A la salida de Comodoro Py, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que escuchó “con atención” la lectura de cargos en contra de la mandataria y los otros 12 imputados en esta causa, a los que calificó de “barbaridades, ofensas, mentiras, disparates”. “Lejos de bajar los brazos, vamos a levantarlos más todavía para defender la verdad”, aseguró. Al ser consultada sobre sila ex presidenta es víctima de una persecución, consideró que sí, porque “desde que dejaron el gobierno hay nada más que persecución a todos aquellos que no consienten” con el Ejecutivo de Mauricio Macri, que llevó a Argentina a "“la peor de las circunstancias”.
Por su parte, Óscar Parrilli, que ocupó varios cargos durante la gestión de Fernández, aseguró que la argumentación de los cargos en contra de los imputados es “muy berreta” y consideró que es “lamentable” que haya funcionarios que hagan “un trabajo como este”. “Me hacía acordar a los informes de inteligencia que recibíamos en la Agencia Federal de Inteligencia [...] llenos de vaguedades, imprecisiones, elucubraciones, suposiciones”, lo que implica “una decepción total”, agregó. “Todo esto existe solamente en el reino del revés, que es la justicia actual”, opinó Parrilli, quien también dijo que “la gente” respalda cada vez más a la ex presidenta porque sabe que las acusaciones en su contra “son diatribas, mentiras y difamaciones”.
Fernández, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desviaba fondos públicos, se sentó en la última de las tres filas en las que están ubicados los imputados en la causa, que en total son 13. En la primera fila se encontraban dos de las personas que están en prisión preventiva por esta u otra investigación de corrupción durante el gobierno anterior: el ex ministro de Planificación y diputado Julio de Vido y el empresario Lazaro Baez.
Detrás de Fernández, en los bancos dispuestos para quienes siguieron el juicio en la sala, estuvieron la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y las madres de Plaza de Mayo Taty Almeida y Hebe de Bonafini. En total, 126 personas fueron invitadas por Fernández a presenciar la audiencia, siendo el gran ausente Alberto Fernández, quien será precandidato a presidente acompañado por la ex mandataria. A su vez, en los alrededores de la sede judicial se podía ver a decenas de militantes que se acercaron al lugar para mostrar su apoyo a la ex presidenta.
Partidarios de Cristina Fernández de Kirchner, durante el juicio en el que la actual senadora es acusada de favorecer a compañías propiedad del empresario Lázaro Baez en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia de 2007-15 y la de su difunto esposo Néstor de 2003-2007. TELAM, AFP
Foto: Juan Mabromata, AFP
Los querellantes de la causa son dos organismos que dependen del gobierno de Mauricio Macri: la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
Mientras se leían los cargos en su contra, se pudo a ver a Fernández conversando con su abogado, Carlos Beraldi, y escribiendo en su celular. En la lectura de cargos, se indicó que se acusa a Fernández de “participar como jefe de una asociación ilícita conformada por otros funcionarios públicos que actuarían como privados de forma estable y permanente por más de 12 años”, durante los que ella gobernó, desviando fondos públicos a través de la “defraudación al Estado nacional y el lavado de dinero”. También se indicó que esta asociación habría funcionado, al menos, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia, en mayo de 2003, y hasta que Fernández la abandonó, en diciembre de 2015.
Los fueros y el futuro político de Fernández
El juicio durará no menos de nueve meses y, probablemente, más de un año y contará con la presencia de 160 testigos, entre ellos Alberto Fernández. Se prevé que el tribunal tenga audiencias una vez por semana, pero la ex presidenta no estará obligada a concurrir a todas. Una eventual condena sería solo el punto inicial de un largo proceso judicial, con varias apelaciones, lo que le permitiría continuar haciendo política y ocupando cargos públicos.
Un fallo de primera instancia no impediría que Fernández sea candidata en las elecciones de octubre de este año, así fuera emitido antes de su realización. Si se conoce después, que es lo más probable, Fernández estará protegida por fueros, ya sea porque la fórmula que integra gana las elecciones o por su actual cargo como senadora, con un mandato que termina en 2023.