La economista Soledad Salvador, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo - Uruguay (Ciedur), presentó ayer el informe titulado “Avances en medidas de corresponsabilidad social y de género en el mundo del trabajo”, el cual indica que 163 de las 328 cláusulas de corresponsabilidad de género en convenios colectivos se aprobaron este año, en la séptima ronda de los Consejos de Salarios.

El informe fue presentado en el marco del seminario “Reflexión y debate sobre la corresponsabilidad social y de género en el mundo del trabajo”, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) junto con la Secretaría Nacional de Cuidados (SNC) y en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ONU Mujeres.

Según indicó Salvador, 111 de las cláusulas aprobadas en la última ronda están vinculadas a la ampliación del tiempo para cuidar, y estas, en su mayoría, refieren a cuidados parentales o de un familiar directo en condiciones de enfermedad. Las otras 46 son declarativas, porque sólo ratifican convenios internacionales. Seis implican la creación de comisiones para estudiar la posibilidad de desarrollar servicios de cuidado infantil como los centros Siempre, un programa de espacios de educación y cuidados con sindicatos y empresas que implican un acuerdo de corresponsabilidad entre el actor privado (empresa, sindicato o centro educativo), la comunidad y el Estado. Las comisiones están integradas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el SNC, Inmujeres y la Dirección Nacional de Trabajo.

En 2005 se ratificó el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, el cual promueve que se desarrollen medidas para la corresponsabilidad de cuidados como licencias parentales, permisos en caso de enfermedad de hijos o familiar directo y servicios de cuidado infantil. Este convenio también promueve la reducción de la jornada de trabajo y las horas extraordinarias, la introducción de más flexibilidad en la organización de los horarios de trabajo, los períodos de descanso y las vacaciones.

Salvador explicó que aunque la ratificación de este tipo de convenios “ponía el tema en la mesa”, en un principio sucedía que en la práctica no se aplicaban. Las cláusulas de corresponsabilidad de cuidados empezaron a tener más relevancia a partir de la cuarta ronda de negociación, en 2010, sobre todo aquellas vinculadas a la licencia por paternidad o medidas de protección a la lactancia. Por ejemplo, dos subgrupos incluyeron el pago de servicios de acompañantes.

La economista señala que muchas de estas cláusulas se iniciaron en sectores más bien masculinizados, como el de la construcción. Asimismo, afirmó que en principio se incluían exclusivamente para mujeres, lo cual era un error.

En este sentido, advirtió que al promover medidas de este tipo, sea mediante leyes o cláusulas laborales, se debe tener cuidado a la hora de condicionarlas a la cantidad de mujeres, porque eso puede motivar a que las empresas limiten la cantidad de mujeres que contratan. También instó a no confundir los cuidados con otro tipo de prestaciones, como las de la salud. Puso como ejemplo la ley de salas de lactancia materna.

La creación del SNC en 2015 incluyó un catálogo de servicios con medidas de corresponsabilidad social, al promover la asignación de tiempo a trabajadores para el cuidado, licencias para el cuidado familiar y el acceso a servicios de cuidado para niños de hasta tres años y adultos con dependencia severa.

El secretario del SNC, Julio Bango, explicó que la división sexual del trabajo entre varones y mujeres tiene su origen más reciente en el Estado de bienestar construido en Uruguay entre los años 50 y 60, el cual se basó en tres pilares de la protección social: el sistema educativo, el sistema de salud y el sistema de seguridad social, que a su vez funcionaban sobre la base de una adscripción cultural de los roles de los varones y las mujeres en la sociedad.

Ese modelo, al que en las ciencias sociales se le llamó breadwinner, suponía que el varón era el encargado de proveer los ingresos para la supervivencia de las familias y la mujer asumía el rol de cuidar y promover la reproducción social de la población.

“En el siglo XXI Uruguay toma la decisión de empezar a construir políticas públicas para empezar a romper esa división sexual del trabajo, esa adjudicación de roles a los varones y las mujeres en la sociedad”, reflexionó el jerarca. “Esa es la empresa en la que nos metimos al crear el SNC”, agregó.

“La política pública de cuidados es un acto de corresponsabilidad social: ya no delegamos exclusivamente en las mujeres el cuidado de los hijos y de las personas dependientes en la familia, sino que el Estado asume que tiene que garantizar ese derecho. Hay que construir políticas públicas que permitan aliviar la carga de cuidados para que mujeres y varones puedan desempeñar sus roles en el mercado de trabajo, en la participación política y social con mayor equidad”, afirmó.

Salvador indicó que para transformar la división sexual del trabajo se debe reconocer el trabajo no remunerado y valorizarlo, reducir la cantidad de tiempo que dedican las y los trabajadores con apoyo de los actores públicos y redistribuirlo entre los varones y las mujeres. Señaló que “pueden existir políticas públicas sin perspectiva de género, que es lo que sucede mucho en la región”. En estos casos, se ayuda a la familia a cuidar pero no se cuestionan los roles de cuidado en las familias, con lo cual no se genera un cambio estructural. Este tipo de políticas se llaman “de conciliación”.

La igualdad de género es “buen negocio”

El informe es una iniciativa del proyecto “Ganar-ganar: la igualdad de género es buen negocio”, de ONU Mujeres, que tiene el objetivo de trabajar con las empresas y ayudarlas a incorporar prácticas con igualdad. La coordinadora de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, explicó que “muchas veces las empresas tienen la intención y no saben cómo hacerlo. Y a veces no tienen la intención y tratamos de que la tengan”.

Por otra parte, indicó que los avances que se han dado en el marco de la negociación colectiva impactan en el desarrollo, ya que “no hay desarrollo sin igualdad y no hay igualdad si no hay desarrollo”. “Uruguay es un faro en este sentido”, aseguró.

En la misma línea, Bango señaló que cuando se resuelve el problema de los cuidados de las trabajadoras y los trabajadores mejora el clima laboral, disminuyen los indicadores de ausentismo laboral y se elevan los niveles de productividad en las empresas.

Por su parte, la directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, advirtió que a pesar de ser un país “muy igualitario”, Uruguay “tiene en su interior muchos factores que producen y reproducen la desigualdad de género” y que se reflejan en los obstáculos que tiene la mujer para alcanzar la autonomía económica.

Señaló que para alcanzar esta autonomía se debe tomar conciencia respecto de que los cuidados “corresponden a las familias pero también a los actores que organizan las relaciones en la sociedad: al Estado, a las empresas y a los sindicatos”.