La nueva redacción del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) que mañana llegará al Parlamento, y que mantiene la mayoría de los artículos del borrador que se hizo público en enero, introduce dos nuevos ítems vinculados a la cultura.

Uno crea por ley, dentro de la dirección nacional de Cultura (DNC), el Instituto Nacional de Música, que se había comenzado a proyectar a fines de 2018, y otras dos instituciones que antes funcionaban de hecho: el Instituto Nacional de Artes Escénicas y el de Artes Visuales. También dispone la inclusión del Instituto Nacional del Libro y la Promoción de la Lectura dentro de la órbita de la DNC, algo a lo que se aspiraba desde hace tiempo, ya que implica la refundación de este instituto que se creó por ley a fines de 1964, y que desde 1995 era parte del Archivo General de la Nación (como Centro de difusión del libro).

Fondos de incentivo cultural

El segundo artículo apunta al rediseño de los Fondos de Incentivo Cultural (FIC, conocidos como “ley de mecenazgo”, ya que las empresas privadas financian proyectos culturales y, como contrapartida, obtienen beneficios fiscales), que están integrados por cientos de proyectos anuales, como los festivales Jazz a la Calle, Jazz de Punta del Este y Música de la Tierra, o encuentros como Montevideo Comics.

Luego de ser cuestionados por irregularidades en su administración, en 2018, un informe de la Contaduría General de la Nación señaló graves problemas de gestión, y la entonces ministra de Educación y Cultura encargó una auditoría interna que los confirmó, y recomendó una serie de pasos a seguir.

Los FIC son administrados por el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos y Culturales (Conaef) que preside el MEC, y hasta ahora está integrado por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo, Industria, Relaciones Exteriores y Turismo, además de las cámaras empresariales, las gremiales artísticas y el Congreso de Intendentes. En el rediseño que propone el artículo 199 de la LUC, el Conaef no estaría integrado por las gremiales, ni los ministerios de Turismo, Industria y Relaciones Exteriores, y pasarían a tener representación los gestores culturales (que serían designados por el MEC).

La actual directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, integró la DNC durante el primer gobierno frenteamplista, y además de participar en la creación de los FIC fue su coordinadora entre 2007 y 2010. Hace dos años, en uno de los Cuadernos del Claeh dedicado a reflexionar sobre la política y la gestión cultural, Wainstein planteaba que los FIC eran un hito que merecían atención, pero que no se adaptaban a las nuevas demandas: “a pesar de los resquemores que provocaron en su momento, su consolidación y un prestigio bien ganado muestran que la filosofía que marcó su creación iba en la dirección correcta. Paso a paso las empresas comprendieron el mecanismo, y el espacio fiscal cedido por el Estado empezó a ser utilizado con fluidez. A ello contribuyeron la ampliación del consejo -que integró la representación del sector privado-, una buena política de comunicación y una buena administración del sistema, que cada vez tuvo que gestionar más y mayores proyectos ingresados”.

Pero advertía que el sistema, que en ese momento ya debía “ser un mecanismo aceitado para permitir el encuentro y la cooperación entre el sector empresarial y el sector artístico”, se mantenía “anquilosado en la estructura original”, sin adaptarse a las nuevas demandas. “Tal vez lo más importante en este sentido sería agilizar el proceso manteniendo el espíritu garantista que el Estado provee”, proponía, concentrándose “en el contralor financiero y la transparencia de la ejecución de los proyectos” para “dejar que los aspectos culturales fluyan libremente”. Y se preguntaba, “¿es necesario que haya tribunales juzgando proyectos durante tres meses? ¿Por qué siempre ese énfasis curatorial del Estado? ¿Quién determina qué está bien o qué está mal? De paso, nos ahorraríamos los miles de dólares que el mecanismo invierte en pagar a los miembros de la decena de tribunales constituidos como filtros insalvables para cientos de proyectos”.