Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Para comentar 501 artículos del proyecto de ley de urgente consideración, el PIT-CNT, que representa a 400.000 trabajadores, dispuso de 30 minutos en la Comisión Especial del Senado que discute esa iniciativa. Lo señaló a la salida el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, y no le faltaba razón.

El movimiento sindical estudia la realización de un paro general parcial con movilización contra ese proyecto, el 4 de junio, pero más allá de las dificultades actuales para llevar a cabo movilizaciones, todo indica que gran parte de esos 501 artículos serán aprobados, incluyendo a muchos de los que más rechaza el PIT-CNT (y cabe destacar, una vez más, que los sindicalistas uruguayos aprendieron desde hace décadas que “sus” temas son los de todo el país).

Hay diferencias entre los partidos de la “coalición multicolor”, y es probable que queden por el camino varias de las iniciativas planteadas por el Poder Ejecutivo, pero también hay mayoría parlamentaria para establecer el acotamiento legal del derecho de huelga e impulsar medidas económicas, sociales y culturales contrapuestas a los objetivos programáticos de la central.

Si el funcionamiento institucional uruguayo incluyera una revisión previa de la constitucionalidad de los proyectos, como sucede en otros países, quizá esta iniciativa del Poder Ejecutivo habría tenido dificultades para ingresar al Parlamento, pero no da la impresión de que eventuales recursos de inconstitucionalidad posteriores a la aprobación vayan a ser aceptados por la Suprema Corte de Justicia. Sería una decisión política muy pesada, ya que desbarataría los planes del actual gobierno nacional (y dejaría su primer año de gestión reducido a poco más que las medidas por la emergencia sanitaria); el Poder Judicial de nuestro país no se ha caracterizado por asumir ese tipo de responsabilidades.

En el horizonte está la posibilidad de un referéndum contra la ley, que subiría mucho las apuestas –y los riesgos– de oficialistas y opositores, instalando en la agenda una especie de nueva elección nacional anticipada. Las pocas herramientas disponibles para el PIT-CNT exigen grandes esfuerzos e implican grandes incertidumbres.

En la primera mitad de los años 90, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos afrontaba una situación aún más adversa. Participaba en ella un grupo reducido de personas, que se manifestaban tenazmente los viernes en la plaza Cagancha, y la mayor parte del sistema partidario se comportaba como si, tras el referéndum de 1989 contra la ley de caducidad, no hubiera quedado nada que hacer. Desde 1996, con la primera multitudinaria Marcha del Silencio, las cosas empezaron a cambiar.

El camino fue y es difícil, con logros lentos y aún escasos, pero hace tiempo que la gente de Familiares no camina sola, y nuevas generaciones se van sumando. Personas que no vivieron los años del terrorismo de Estado ni tienen vínculos personales directos con las víctimas toman la posta, desde un compromiso ético y ciudadano. Este año se han presentado problemas nuevos, y los vinculados con la emergencia sanitaria no son, ni por asomo, los mayores, pero la marcha sigue aunque no haya marcha.

Hasta mañana.