Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Las relaciones entre lo público y lo privado han sido un eje importante de la política uruguaya en las últimas décadas, con acontecimientos como el referéndum contra la ley de privatizaciones de 1992, y en líneas generales se puede decir que, desde entonces, la apuesta a un protagonismo excluyente del Estado ha disminuido en todos los partidos.

En los años de gobierno del Frente Amplio hubo –con algunas resistencias internas– tercerizaciones, asociaciones del Estado con empresas privadas, y esfuerzos para atraer inversiones extranjeras; y es claro que la vieja ortodoxia batllista en esta materia ya no caracteriza al Partido Colorado. De todos modos, el Partido Nacional sigue siendo el menos estatista (con fuertes fracciones que merecen ser llamadas antiestatistas), y esta característica se ha acentuado en las últimas décadas, junto con el predominio de la corriente herrerista que encabezó Luis Alberto Lacalle Herrera y que hoy lidera (ampliada) su hijo, el presidente Luis Lacalle Pou.

De todos modos, es inusual y llamativo que el Poder Ejecutivo le haya pedido a la Asociación de Promotores de la Construcción que elaborara planes para la política de vivienda orientada a la población de asentamientos y a la de clase media baja, según reveló el gerente ejecutivo de esa cámara empresarial, Aníbal Durán.

Durán dijo a la diaria que Lacalle Pou tiene “una obsesión” con la cuestión de los asentamientos, “donde hay 200.000 personas viviendo”, y también parece que tiene una obsesión con esa cifra, basada en una estimación de la organización no gubernamental Techo (antes Un Techo para mi País), que no censó hogares ni personas.

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, buena parte de las políticas se ha realizado desde la creación de esa secretaría de Estado, con tareas tercerizadas a cargo de organizaciones no gubernamentales. Las nuevas autoridades apuntan en algunas áreas a desempeñar esas tareas con funcionarios, y en otras a seguir trabajando con organizaciones de la sociedad civil, pero no con las mismas. Los cambios en curso motivaron ayer una protesta sindical en la que se afirmó que se trata de un “desmantelamiento”, que pone en peligro la calidad y profesionalidad de los servicios, al tiempo que precariza la situación laboral de cerca de 3.000 personas.

Por otra parte, la situación sanitaria en Rivera sigue siendo motivo de preocupación, pese a que ya se procesaron 600 de los 1.084 testeos aleatorios realizados en la capital departamental, y todos tuvieron resultado negativo. Hay 40 casos confirmados de covid-19, y la apreciación de que los riverenses están “respetando bastante” las recomendaciones para prevenir el contagio, realizada por Lacalle Pou, no es del todo tranquilizadora. El ministro Daniel Salinas fue más preciso al afirmar que “si no hubiera sido por el no respeto [en Rivera] a las medidas declaradas por el MSP, en este momento Uruguay” tendría “menos de 90 casos activos”, en vez de 135, y planteó una metáfora preocupante: “Brasil es como si fuera epidemiológicamente un tobogán que viene hacia Uruguay, y Uruguay es la arenita”.

Hasta mañana.