Desde las 9.30 de la mañana de este viernes, los 21 imputados y sus defensas declaran ante la fiscal Darviña Vieira y la jueza Adriana de los Santos, en la causa que investiga una red de explotación sexual de menores.
Según pudo saber la diaria en la audiencia de hoy los imputados fueron informados de la identidad de las 22 víctimas de explotación sexual (18 víctimas directas y cuatro testigos) y se dispuso una medida cautelar por 180 días de no acercamiento a un kilómetro.
También se definió el levantamiento de la reserva de la causa planteado por la fiscal, medida que fue apoyada por las defensas de los imputados, para poder acceder a las actuaciones que hasta ahora no había podido.
Además, se está analizando adelantar la declaración de una de las víctimas que pidió dar su testimonio antes de los dispuesto en el proceso porque debe viajar al exterior, lo que en principio sería aceptado.
Las primeras formalizaciones en esta causa, por el delito de retribución o promesa de retribución a menores para mantener relaciones sexuales, ocurrieron a mediados de mayo, cuando las víctimas eran unas diez.
En julio, a partir de la habilitación de una línea telefónica para realizar denuncias o brindar información sobre casos de explotación sexual, la cantidad de víctimas pasó a 15 y ahora con la ampliación de la investigación llegó a 22.
A cinco de los imputados se les quitó la patria potestad, en razón del artículo 79 de la Ley 19.580, que dispone que las personas imputadas por este tipo de delitos queden suspendidas en el ejercicio de la patria potestad e inhabilitadas para ejercer funciones públicas o privadas en áreas educativas o de la salud que impliquen el trato directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o mayores en situación de dependencia, por un lapso de diez años.