Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Durante muchos años, el interés en tribunales de honor militares se concentró en las actuaciones vinculadas con el terrorismo de Estado. Esto cambió al comprobarse que en algunos casos los militares cuya conducta se juzgó por otros motivos habían hablado de su papel en la represión, como sucedió en un tribunal al que fue sometido Gilberto Vázquez en 2006.

Por lo tanto, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos le solicitó al Ministerio de Defensa Nacional las actas de otros tribunales a militares acusados de crímenes de la dictadura, aunque los actos juzgados no se relacionaran con esos delitos. Entre los expedientes a los que se pidió acceso estuvieron los de un tribunal de honor a Armando Méndez, que estuvo muy involucrado en actividades de inteligencia y represión, y que hace pocos días fue procesado con prisión por el asesinato de Gerardo Alter en 1973.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, se negó a entregar esas actas y dispuso que queden en reserva por lo menos hasta 2036, alegando que no hay nada en ellas acerca de violaciones de los derechos humanos y que el tribunal actuó por un “tema comercial”. Ese tema, según se informó a la diaria, es el llamado Operativo Conserva, un ilícito de grandes proporciones cometido cuando Gregorio Conrado Álvarez Armelino, más conocido como El Goyo, usurpaba la presidencia de la República. La intervención de Méndez en ese asunto es lo único bueno que se recuerda de él en dictadura.

El operativo requería el aval del Instituto Nacional de Carnes, a cuyo frente la dictadura había puesto al entonces mayor Méndez, pero este se opuso y Álvarez lo destituyó. Removido el obstáculo, la estafa se llevó a cabo con grandes pérdidas estatales. Tras la salida de la dictadura, varios intentos de investigar aquel ilícito por la vía administrativa y por la judicial quedaron en nada.

La Ley de Caducidad excluyó expresamente, en su artículo 2, los delitos cometidos “con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico”. Ni a los defensores más fervientes de la dictadura se les ocurrió jamás alegar que esa norma debía amparar actos de corrupción, pero ninguna denuncia sobre grandes ilícitos económicos tuvo consecuencias de importancia.

En algunos casos, el Poder Ejecutivo declaró, ilegalmente, la caducidad de los delitos, y en otros la Justicia entendió que no había elementos suficientes. Esto último fue lo que ocurrió con el Operativo Conserva, y la causa fue archivada.

Resulta, sin embargo, que si en las actuaciones de un tribunal de honor surgen datos sobre un presunto delito, el presidente del organismo debe comunicárselo de inmediato a su superior en la cadena de mando, y este tiene a su vez la responsabilidad de trasladar la información al sistema judicial. Por eso la Fiscalía pidió el desafuero del senador Guido Manini Ríos, que el oficialismo rechazó el año pasado.

Si el tribunal que juzgó a Méndez accedió a datos sobre el Operativo Conserva y la Justicia no se enteró, la reserva de las actas no ampara sólo la privacidad del militar juzgado, sino que protege también a otras personas, incluyendo a todas las que leyeron o debieron haber leído el expediente.

Hasta mañana.