Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La ofensiva oficialista contra las licencias sindicales en Secundaria tuvo una vuelta de tuerca ayer cuando jerarcas de períodos anteriores presentaron una demanda ante la Justicia civil contra Jenifer Cherro, actual directora de Secundaria; Miriam Arnejo, exdirectora del liceo 1 de San José, y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Celsa Puente, directora general del Consejo de Educación Secundaria de 2014 a 2018, y Javier Landoni, integrante de ese organismo de 2015 a 2020, alegan que manifestaciones públicas de Arnejo y Cherro, además de violar normas vigentes, les causaron daños y perjuicios con acusaciones falsas, y que la ANEP es corresponsable por haber permitido esas violaciones.

La historia comenzó cuando una denuncia acerca de presuntas licencias irregulares en el liceo de San José del sindicalista Marcel Slamovitz fue replanteada por Arnejo (ver las explicaciones de Puente). Se dispuso una investigación administrativa, y de acuerdo con las normas vigentes esto impone reserva sobre los hechos y sus protagonistas, pero el oficialismo, sin esperar los resultados del proceso, formó una comisión investigadora parlamentaria sobre la presunta extensión de prácticas indebidas. Cherro manejó públicamente los nombres de las personas investigadas y las acusaciones que pesaban sobre ellas, además de adelantar que las consideraba culpables. Puente y Landoni señalan que esto es una “falta grave” por sus responsabilidades institucionales.

Más allá de lo que ocurra con esta demanda, hay un problema de fondo que no está planteado sólo en la ANEP.

El artículo 58 de la Constitución establece que “los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política”. Esto se suele invocar en nombre de la laicidad, pero marca también que la función pública es la razón de ser de los organismos y debe ser prioritaria para quienes los conducen, en el cumplimiento de cometidos específicos. Cuando predominan otros objetivos, relacionados con la política partidaria (por ejemplo, el objetivo de construir un relato contra los gobiernos del Frente Amplio), se producen daños profundos y peligrosos al ordenamiento institucional.

A veces se habla de las políticas de Estado como algo bastante excepcional, que ocurre cuando los partidos se ponen de acuerdo para impulsar lineamientos estratégicos, con independencia de los vaivenes en el ejercicio del gobierno. Sin embargo, este tipo de continuidades es un requisito para que gran parte de los organismos públicos puedan simplemente funcionar.

Las orientaciones y prioridades varían con los jerarcas de turno, pero se apoyan sobre una base de experiencia institucional y normas de procedimiento, que aporta saberes acumulados, condiciones de viabilidad y garantías indispensables, incluyendo las del debido proceso y la reserva en una investigación administrativa.

El predominio de esa base implica riesgos de rutinización burocrática; pero su menosprecio también es muy peligroso. No sólo expresa una frívola pretensión refundacional, sino que además multiplica la probabilidad de cometer errores y arbitrariedades. E incluso la de que se cometan deliberadamente.

Hasta mañana.