En los últimos años, algunas acciones políticas han apuntado a cuestionar la actividad sindical, y en particular la de los colectivos docentes sindicalizados. En marzo de este año, pocos días antes del inicio de las clases, 14 docentes de San José fueron sumariados y separados de sus cargos con retención de 50% de su sueldo por haberse fotografiado en un liceo vacío con consignas contra la reforma constitucional “Vivir sin miedo” que impulsó el exministro del Interior fallecido Jorge Larrañaga.

Mientras tanto, en el Parlamento se desarrolla una comisión investigadora por licencias sindicales otorgadas a profesores de Secundaria. Y esta semana, la senadora nacionalista Graciela Bianchi realizó un pedido de informes al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para conocer la “situación funcional” de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), Mabel Mallo.

La trabajadora participó en una movilización del sindicato en la que planteó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que en la educación técnico-profesional existen “recortes” de grupos y horas docentes. En su pedido de informes, Bianchi pide saber la cantidad de horas docentes que la sindicalista “posee en cada uno de los subsistemas en los que se desempeña”, si “detenta algún otro cargo”, si “goza de licencia sindical” y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, “cuántas horas tiene adjudicadas”, así como cuántas inasistencias tiene la funcionaria y si “tuvo o tiene algún procedimiento disciplinario”.

A estos cuestionamientos particulares se suman discursos críticos más generales, que ya llevan varios años. Y si bien no son lo mismo los sindicatos que el colectivo docente, en las últimas elecciones del Codicen los primeros exhibieron un fuerte poder de representación de los segundos.

En este contexto, y pese a las críticas, el nivel de confianza de la población en maestras, maestros y docentes de Secundaria y UTU es alto, según datos relevados la última semana de octubre y en noviembre por la Usina de Percepción Ciudadana, una consultora de investigación aplicada especializada en el relevamiento de opinión pública.

74% de la población confía en los y las profesores de Secundaria y UTU: 38% tiene “mucha confianza” y 36%, “algo de confianza”. En cambio, sólo 4% les tiene “ninguna confianza” y 16%, “poca confianza”. El restante 6% no sabe o no contesta.

La confianza en las maestras y los maestros es aún mayor: 83% expresa confianza –45% “mucha” y 38% “algo”–, mientras que sólo 3% expresa tener “ninguna confianza” y 11% “poca confianza”.

Estas cifras son mayores que las que registran todas las instituciones y los colectivos relevados en los datos de la Usina: 67% confía en la Policía, mientras que 53% confía en la Justicia, 48% confía en el gobierno, 44% confía en los medios de comunicación y 43% confía en los sindicatos. Tanto en el caso de la confianza en el gobierno como en el de la confianza en la Policía, esta es mayor a medida que aumenta la edad.

Ficha técnica

Las encuestas son realizadas a una muestra de 400 personas de la población nacional mayor de 18 años. La elección de las personas fue definida según sexo y estratos de edad, utilizando proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas son recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas. Las consultas fueron realizadas entre el 25 de octubre y el 22 de noviembre de 2021.

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