Legisladores del Frente Amplio (FA) trabajan en un proyecto de ley que regule el etiquetado frontal de alimentos, según anunció en su cuenta de Twitter la diputada Cristina Lustemberg. Aclaró que la bancada de diputados del FA acordó impulsar “la elaboración de una Ley que regule el tema. Vamos a trabajar en ambas cámaras y con todo el sistema político. Este es un tema prioritario que requiere políticas de estado permanentes, integrales y concretas”.

El etiquetado frontal de alimentos quedó vigente el 1º de febrero, tres años después del decreto original de 2018, y luego de tres prórrogas en el plazo y modificaciones en los valores límites. Desde este mes el rotulado frontal de alimentos obliga a los productos con exceso de azúcar, sal y grasas a tener un octógono negro de advertencia en el envoltorio. Sin embargo, días antes de que se cumpliera el plazo establecido, en setiembre, salió un nuevo decreto que modificó los valores límites que definen los productos abarcados por el rotulado.

Según adelantó Lustemberg en diálogo con la diaria, el tema estará sobre la mesa el 24 de febrero, cuando comparezcan en la Comisión de Salud de Diputados los ministros de Industria y de Salud Pública. La diputada dijo que uno de los temas a tratar es consultar por “todas las prórrogas y cambios que ha tenido la implementación del Decreto 272, con tres propuestas de decretos que lo que hicieron fue atrasar la implementación de una política pública que se trabaja desde 2016”. Asimismo, aseguró que se buscará saber cuándo comenzará el proceso de fiscalización del etiquetado.

Para la diputada, el rotulado frontal permite “a la ciudadanía tomar decisiones informadas sobre alimentos que consume” y debe estar enmarcado “en un problema gravísimo de salud pública que tiene el país, que son las enfermedades crónicas no transmisible y los factores de riesgo como la obesidad y el sobrepeso”.

Con respecto a este punto, la legisladora recordó que 65% de la población adulta y 28% de los niños en el país tiene algún nivel de sobrepeso y obesidad. Además, puntualizó que las enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes o el cáncer, son la principal causa de muerte en el país. Asimismo, subrayó que en el marco de una pandemia esto “adquiere una mayor dimensión” porque estas enfermedades “aumentan el riesgo de padecer complicaciones y morir como consecuencia del coronavirus”.

En la red social la diputada aseguró que con el proyecto de ley buscan: “Garantizar el acceso a información clara, oportuna y veraz sobre alimentos y bebidas; fortalecer el derecho a la información; proteger a la población infantil y adolescente de la publicidad de alimentos; y promover el consumo de alimentos saludables en centros educativos y hábitos alimentarios saludables en la población uruguaya, comenzando por la infancia y la adolescencia”.

La propuesta, según aclaró Lustemberg a la diaria, busca trabajar el tema de forma integral, por eso incluye la regulación de la publicidad de los alimentos y “en general busca que determinados temas que tiene el país sean políticas de Estados, que trasciendan a los gobiernos y tengan un marco legislativo”. Se revisarán los valores establecidos para tener “definiciones claras”, pero la diputada afirmó que “no se va a intervenir con la puesta en marcha del decreto actual, porque es un proceso que recién empieza y va a involucrar a todo el sistema político”.

Para la legisladora, las prórrogas que se hicieron “son injustas con los productores que se han preocupado desde el principio en mejorar la calidad nutricional de sus alimentos y cambiar el proceso de envasado”.

A su entender, en el gobierno anterior ya se les dio a las industrias una prórroga para reformular sus productos con tiempo: “Si cada vez que hay un cambio en el decreto se discuten los mismos temas como si fuera la primera vez, realmente se está siendo injusto”. De hecho, detalló que en el último cambio hay modificaciones preocupantes, sobre todo en los niveles de azúcar, pero muchos productos mantienen los niveles: “No entendemos por qué se prorrogó tanto una política pública que se podría haber comenzado a implementar el 1º de marzo de 2020”.