Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La cuestión de los empleados públicos en Uruguay viene acompañada por una larga historia de prejuicios, sin que gran parte de la ciudadanía disponga de información precisa. En ese sentido, son muy destacables los esfuerzos realizados para aportar un enfoque basado en investigación y evidencias, y entre ellos cabe señalar, ahora, la realización de una encuesta para conocer opiniones de funcionarios. Los resultados tienen limitaciones importantes, pero principio quieren las cosas.

La tarea fue liderada por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), con apoyo técnico del Banco Mundial, y se enviaron cuestionarios a unas 40.000 personas, de las cuales unas 10.000 contestaron. El total de los vínculos laborales con el Estado está en el entorno de 300.000; no en todos los casos se trata de funcionarios, y una persona puede tener más de un vínculo laboral, pero es fácil ver que las respuestas corresponden a sólo una pequeña parte del conjunto.

Por otra parte, los 40.000 cuestionarios se enviaron sólo a trabajadores de la Administración Central y de algunos entes autónomos (Ancap y UTE) y servicios descentralizados (Antel, OSE y el INAU). No es una muestra representativa del total, y el perfil de quienes respondieron tampoco representa a todas las personas que pudieron hacerlo.

Nada de lo antedicho le quita valor a este primer intento, pero hay que manejar los datos con cuidado. Uno puede estar en principio de acuerdo, por ejemplo, con la idea de que hay muchos mitos sobre la población estudiada, y este relevamiento parcial es una base para empezar a “desmitificar”, como comentó la representante del Banco Mundial en Uruguay, Celia Ortega, pero seguimos muy lejos de un panorama completo.

La cuarta parte de quienes respondieron afirmó que había buscado trabajo en el sector privado, pero es muy discutible que esto cuestione, como opinó Ortega, la idea de que los funcionarios se aferran a sus empleos. Unas 2.500 personas son una pequeña minoría en el total, y habría que ver si su perfil de edad y capacitación es representativo o corresponde, más bien, al tipo de empleado público que suele aceptar propuestas de retiro incentivado, porque tiene muchas posibilidades de conseguir un buen empleo en otra parte.

El director de la ONSC, Conrado Ramos, quiere mapear la complejísima totalidad de las ocupaciones en el sector público, para aproximarse a la lejana meta “a igual tarea, igual remuneración”, y establecer criterios generales de carrera administrativa que merezcan ese nombre. Es una excelente idea.

Ramos hizo pie en esta encuesta para reafirmar la necesidad de la tarea que ha emprendido. Es entendible, pero no se puede decir que unas 10.000 respuestas voluntarias, desde sólo una parte de las instituciones estatales, confirmen la validez de sus propósitos. Igual es muy deseable que siga adelante, para que algún día se tomen decisiones bien fundadas.

Hasta mañana.