Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Constitución establece en su artículo 59 que “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”. Una variante de tan sabio principio puede aplicarse, incluso con más razón, a las concesiones de obras públicas: a una empresa se la debe contratar para un proyecto que le convenga al país, y no corresponde hacer un proyecto para la conveniencia de una empresa a contratar.

Esto viene al caso en relación con la iniciativa de instalar una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata en Arazatí, sobre la costa del departamento de San José, presentada en octubre de 2020, con el nombre de Proyecto Neptuno, por el consorcio Aguas de Montevideo, que integran las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast.

Hace años que se registran problemas de calidad en el agua con que OSE abastece al área metropolitana, proveniente de la planta de Aguas Corrientes sobre el río Santa Lucía. Claras evidencias vinculan estos problemas con prácticas contaminantes en la producción agropecuaria y deficiencias del saneamiento y el tratamiento de efluentes. Estos factores, dependientes de la actividad humana, se agravarán debido al cambio climático.

Frenar y revertir los daños causados por el primer factor afectaría grandes intereses económicos, y todo indica que concentrarse en el segundo no sería suficiente. El rumbo elegido por OSE apunta a buscar fuentes adicionales de suministro de agua, y hace temer que se desatienda la tarea de atacar las causas conocidas del problema, con un criterio insensato de “uso y abandono” de recursos naturales.

Venía encaminado, desde 2014, el proyecto de construir una represa sobre el arroyo Casupá, en una zona de sierras con agua mucho menos afectada por contaminación que la del resto de la cuenca del Santa Lucía. Para esta iniciativa ya está aprobada una línea de crédito por 80 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina, cuya ejecución las actuales autoridades decidieron postergar al tiempo que resucitaban la alternativa de Arazatí, antes descartada por razones técnicas.

Se alega que Uruguay no tiene por qué afrontar insuficiencias del suministro de agua, ya que dispone de un enorme volumen en el Río de la Plata, pero este argumento soslaya datos fundamentales: nuestro país también cuenta con abundantes y envidiables recursos de agua dulce; y potabilizar las aguas del Plata no sería sencillo ni barato, debido a sus variaciones de salinidad y a las floraciones de cianobacterias.

Un reciente informe de la Facultad de Ciencias, realizado a pedido de OSE, confirma y amplía estas perspectivas muy desfavorables para el Proyecto Neptuno, e indica que pueden agravarse en el mediano plazo.

Volvamos, por último, a la Constitución, que desde 2004 establece, debido a una reforma aprobada en plebiscito por amplia mayoría, que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano” debe ser prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Esta disposición choca de frente con la intervención de Aguas de Montevideo, y se suma a las cuestiones ambientales para justificar un rechazo de su proyecto.

Hasta mañana.