Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer se votó en comisión del Senado el proyecto de reforma jubilatoria presentado por el Poder Ejecutivo, que ingresará al plenario de esa cámara el martes de la semana que viene, y el dato más interesante es que el oficialismo sigue sin ponerse totalmente de acuerdo sobre la iniciativa.

El proyecto tiene a esta altura una historia larga e intrincada. La ley de urgente consideración (LUC), aprobada en julio de 2022, incluyó la formación de una Comisión de Expertos en Seguridad Social con 15 integrantes, en la que tuvieron mayoría los representantes de la coalición de gobierno. Esta comisión trabajó con intensidad irregular hasta noviembre de 2021, cuando presentó al Ejecutivo sus recomendaciones (aprobadas por las delegaciones del oficialismo y de las cámaras empresariales), pero antes había pasado sin reunirse un período dedicado por la “coalición multicolor” a discusiones que obviamente quería procesar en privado.

Luego hubo otra larga pausa, que probablemente se debió en parte a la prioridad de la campaña hacia el referéndum sobre 135 artículos de la LUC y en parte a debates sobre los que no se informó, mientras Presidencia pasaba de esas recomendaciones al articulado de un anteproyecto que fue entregado a los partidos con representación parlamentaria recién a fines de julio.

De julio a octubre hubo nuevas discusiones dentro del oficialismo, hasta que el anteproyecto se convirtió en proyecto y fue enviado al Parlamento. Sin embargo, aún no existía consenso en la coalición de gobierno, y el lunes de esta semana el Ejecutivo sustituyó su iniciativa por otra con cambios que se deben a diversas propuestas de partidos oficialistas, y este texto fue el que se votó ayer en comisión del Senado, pero eso no significa que ya esté todo definido.

Según dijo el senador nacionalista Sergio Botana, “aún hay cosas a perfeccionar” y “aspectos a seguir mirando”. Entre ellos, notoriamente, que Cabildo Abierto (CA) mantiene objeciones y propuestas de cambio relevantes, y ya anunció que las planteará en la cámara alta. Se trata nada menos que de la cantidad de años de aporte que se considerarán para calcular la base de la jubilación, y los cabildantes insisten en que no se tomen los últimos 25, sino los últimos 15.

Esto tiene mucha importancia, porque, más allá de que los casos individuales varían mucho, es obvio que, en líneas generales, a menos años corresponden mejores promedios, y el cambio que pretende CA puede afectar en forma considerable la reducción de los desembolsos estatales, que es un objetivo central (puede decirse que el principal) de este proyecto de reforma.

En declaraciones a radio Montecarlo, el senador cabildante Raúl Lozano sostuvo que, si bien esta modificación podría implicar “algún costo más para el Estado”, se trata de una “cuestión de justicia social”, que afecta a “miles y miles” de personas. También dijo que “la llave del proyecto la tiene CA”, porque “hacia donde incline su voto, inclina la balanza”. Es cierto, y ocurre lo mismo tanto con el Partido Colorado como con su sector Ciudadanos. Son datos que habrá que tener presentes en el año preelectoral que comenzará dentro de muy pocos días.

Hasta mañana.