Para empezar, la denuncia de una violación colectiva a una mujer tuvo algunas consecuencias previsibles –la justicia dictó prisión preventiva contra los imputados– y otras difíciles de anticipar, como la difusión, por parte del programa radial La Pecera, de audios relacionados con el caso, y el posterior allanamiento de su emisora, Azul FM, tras denuncias de la Fiscalía de Corte y de las bancadas frenteamplistas por entender que se vulneraron los derechos de la víctima. El episodio podría afectar a la libertad de prensa, consideró un experto y también el gremio de los periodistas.
Es agitado también lo que ocurre con el proyecto de mejoramiento de la limpieza y el saneamiento de Montevideo. Como el préstamo solicitado al BID para financiar el proyecto estará vigente durante más de un período de gobierno departamental, se precisan dos tercios de los votos de la Junta Departamental para aprobarlo. El oficialismo cuenta con 18 votos en 30, por lo que precisa por lo menos tres más. Sin embargo, como efecto de la “nacionalización” de los parlamentos departamentales, que ya produjo bloqueos en Canelones y otros departamentos, blancos, colorados e independientes no están dispuestos a autorizar el préstamo.
En sintonía con el carácter “nacional” del diferendo, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, intentó conversar del tema con el presidente Luis Lacalle y luego, sensibilizar a la opinión pública sobre el daño a la imagen del país en el exterior si no se materializa con el organismo internacional un acuerdo que ya contaba con asesoría de los ministerios de Economía y Medio Ambiente.
Ahora la estrategia de la intendencia de Montevideo pasa por realizar algunas concesiones para tratar de convencer a los ediles blancos y colorados; estos habían mostrado mayor disposición al entendimiento y se reunirán el lunes para tomar una resolución.
La Intendencia de Montevideo también anunció que no planea aumentar el precio del boleto de transporte en lo inmediato, a pesar del aumento del precio del combustible que finalmente decretó el gobierno. Lo de “finalmente” viene porque, desde hacía unos meses, las autoridades, incluyendo al presidente, mostraban como un logro la mantención del precio gracias a que las ganancias extraordinarias de Ancap permitían cubrir lo perdido en el comercio de combustible. Es que, como dijo Marcelo Pereira en este espacio, todo está “teñido de LUC”: el gobierno incluyó un mecanismo para establecer técnicamente el precio del combustible (la “paridad de precio de importación” que elabora la Ursea), pero luego decidió ignorarlo para mostrar más favorablemente la propia LUC, que será sometida a una consulta popular, como ya sabemos, el 27 de marzo. El asunto provoca no pocas confusiones y diferencias en el oficialismo y sectores próximos.
Camino a ese referéndum, los partidos coaligados en el gobierno lanzaron su campaña. Hubo una conferencia en la que comparecieron distintos líderes partidarios, y también esta semana el Partido Nacional hizo su primer acto cabal.
Si, como afirman varios dirigentes de la coalición gobernante, lo que se plebiscita realmente es la gestión de gobierno y no la conservación de 135 artículos de la LUC, hay algunos datos de la economía que deberían llamar la atención. Mientras se muestran tendencias auspiciosas en cuanto a volumen de exportaciones y déficit fiscal (anque esto habría sido posible gracias a ahorro en políticas sociales, según la oposición)], también se supo esta semana que hubo una pérdida de salario real durante 2021, por lo que además habrá una inevitable disminución del poder adquisitivo de las personas jubiladas a lo largo de 2022. También se dio a conocer una ambigua disminución del desempleo y una aceleración de la inflación, que afecta más sensiblemente a los asalariados y que, dado el aumento del combustible, es previsible que continúe creciendo.
La economía, de algún modo, también fue el desencadenante de una nueva escisión en el gobierno argentino. Para manifestar su oposición al acuerdo con el FMI que prepara el presidente Alberto Fernández, Máximo Kirchner, líder del sector progresista La Cámpora e hijo del ex presidente Néstor y de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, renunció a su carácter de jefe de la bancada de diputados del Frente de Todos, principal sostén del gobierno en el Parlamento.
El coronavirus, a todo esto, acostumbra pero no afloja. Los casos activos se estabilizaron sobre los 65.000, los nuevos casos diarios no bajan de 10.000 y las muertes diarias no bajaron de la veintena en la última semana, con un pico de 39 registrado el jueves.
No es la única noticia complicada del ámbito de la salud. Mientras oficialismo y oposición parecen llegar a un acuerdo para para legislar sobre el destino de los socios de la mutualista Casa de Galicia, un grupo de socios planteará un recurso de inconstitucionalidad sobre esa ley, entendiendo que viola sus derechos y reparte los bienes de una persona jurídica que no se ha disuelto.
Hasta la próxima.