Los referentes de los ministerios de Salud Pública, Economía y Finanzas y Trabajo y Seguridad Social trabajan desde hace varias semanas en la búsqueda de una solución para la distribución de usuarios de la mutualista Casa de Galicia, a raíz del cese de actividades que determinó el juez concursal Leonardo Méndez el 23 de diciembre. El viernes las autoridades de gobierno se reunieron con diputados y senadores de las comisiones de Salud para plantearles las bases del proyecto de ley que enviarán al Parlamento en los próximos días.

El borrador del proyecto tiene un único artículo en el que se propone facultar al Poder Ejecutivo a “determinar aquellos prestadores integrales a los cuales se destinarán los afiliados de Casa de Galicia beneficiarios del Sistema Nacional [Integrado] de Salud, en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles desde la entrada en vigencia de la presente ley”.

El texto explicita que los usuarios tendrán un plazo de otros 15 días hábiles para cambiar de prestador, y para eso podrán “elegir entre aquellos prestadores determinados por el Poder Ejecutivo”, siempre que tengan “razones justificadas o de fuerza mayor”, que deberán ser autorizadas por la Junta Nacional de Salud. Según el proyecto, 24 meses después de haber sido asignados a un prestador, “los usuarios podrán migrar libremente al prestador de salud que elijan voluntariamente”.

En el artículo se argumenta que el cambio se hará “a los efectos de garantizar la cobertura universal, la accesibilidad y sustentabilidad de los servicios de salud, la eficacia en términos económicos y sociales, y el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y de la capacidad sanitaria instalada y a instalarse, procurando preservar la mayor cantidad de fuentes de trabajo”.

En la exposición de motivos se alega que el 23 de diciembre el juez letrado de Concurso de primer turno “decretó el cese de las actividades de la Sociedad Civil Casa de Galicia, a excepción de los servicios de IMAE [institutos de medicina altamente especializada]” y que “como consecuencia” los usuarios “quedaron sin prestador de salud asignado”. Menciona que la Ley 18.211, de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, establece el principio de “sustentabilidad de los servicios de salud y el aprovechamiento racional de los recursos”, pero que “no existe prevista una solución” para situaciones como esta, que “provoquen la migración de usuarios, masiva y en forma intempestiva, pudiendo afectar la estabilidad del sistema y generar sobrecargas en otros prestadores de salud, en detrimento de la calidad asistencial”.

Negociaciones

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo a la diaria que siguen trabajando en la redacción del proyecto, buscando “el consenso de todos los partidos políticos”, y calcula que la semana que viene podría estar pronto, “se trataría el martes, primero en el Senado”. Agregó que el proyecto del Ejecutivo tenía un artículo único, pero se le agregaron otros, como uno referido a la inclusión de los trabajadores de Casa de Galicia en otros prestadores. Además, luego de una reunión con legisladores del Frente Amplio (FA), que se dio este jueves, incluyeron la propuesta de la oposición de que los usuarios puedan optar también por pasar a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Asimismo, sostuvo que están analizando una propuesta de todos los partidos políticos para que el edificio central de Casa de Galicia, ubicado en la calle Millán, se mantenga como una institución de salud.

En tanto, el senador Daniel Olesker, del FA, que se reunió este jueves con los senadores blancos Penadés y Amin Niffouri para negociar aspectos del proyecto, detalló a la diaria que el oficialismo aceptó tres de las iniciativas de la oposición. El primer cambio es especificar los criterios con los que se eligen los prestadores en los que van a ser distribuidos los socios, como, por ejemplo, que el aumento de usuarios no le signifique más de 15% de los usuarios que ya tiene. El segundo cambio es, como consignó Penadés, que se incluya a ASSE entre los prestadores elegibles. El tercer cambio que aceptó la coalición fue sobre los trabajadores, con una redacción “bastante más extensa, en el sentido de garantizar las condiciones de trabajo que se tenían, la proporcionalidad y alguna cosa más”.

Olesker dijo que en el FA están conformes con cómo está quedando el proyecto luego de las incorporaciones que propusieron, ya que el texto original, de artículo único, “iba en una dirección correcta” pero “era muy flojo, débil jurídicamente y con poco compromiso político”. “Entonces, ahora, con todos estos agregados, está clara la dirección en la que va”, indicó.

Los colorados y los trabajadores

En tanto, en la mañana de este jueves, cuatro legisladores del Partido Colorado (PC), las diputadas Nibia Reisch, María Eugenia Roselló, el diputado Walter Cervini y la senadora Carmen Sanguinetti, fueron recibidos por el ministro de Salud, Daniel Salinas. En diálogo con la diaria, Sanguinetti explicó que tras recibir el proyecto, cada partido tuvo sus reuniones con sus respectivas bancadas y con técnicos, y que el PC solicitó el encuentro para plantearle “dudas y consultas por las preocupaciones e inquietudes que surgieron”.

En concreto, los legisladores propusieron que el proyecto incluya cómo se hará la distribución de trabajadores. Al salir de la reunión y ser consultada por la prensa, Reisch expresó: “En el proyecto de ley que se había remitido estaba incluido el aspecto de cómo iba a ser la distribución de usuarios, entendimos que había que agregar un inciso en el que se establezca cómo es la transferencia de los trabajadores, es un factor muy importante”, dijo, y puntualizó que son cerca de 1.100 trabajadores no médicos y 700 médicos. En particular, mencionó que es necesario “que los trabajadores pasen a los otros prestadores en las mismas condiciones laborales” que tenían en Casa de Galicia, y que “en caso de tener mejores condiciones en el nuevo prestador será bienvenido”.

Reisch destacó que la solución que se baraja “se viene contemplando desde el gobierno de Jorge Batlle, en 2001”, para que por cada 1.000 usuarios se pase una proporción de 20 trabajadores al nuevo prestador. Ese es el acuerdo que firmaron en esa época los ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social con la Federación Uruguaya de la Salud. La diputada añadió que “el gobierno respalda esta iniciativa en cuanto a la transferencia y a mantener esa proporción”, y que “está muy interesado y con mucha sensibilidad en las condiciones que pasen los trabajadores a los otros prestadores”.

Elección del prestador

Consultada sobre la libre elección de los usuarios, Reisch resaltó que “tenemos que contemplar mantener un sistema de salud fuerte” y que se tiene que evitar “que se tome una decisión que sea una solución ahora pero que más adelante esté afectando a otro prestador”. Sanguinetti agregó que el gobierno “se está haciendo cargo en una situación excepcional no deseada” y que al pensar la distribución ha contemplado todas las variables, como por ejemplo el porcentaje de afiliados mayores de 65 años, que “es la población que más consume y que les resulta más cara a las mutualistas”, y Reisch acotó que el promedio de adultos mayores en el sector mutual es de 17%, mientras que Casa de Galicia tiene más de 30%.

Sanguinetti remarcó que Casa de Galicia “durante siete años dio pérdida” y que, más allá de esta situación, “debiéramos pensar y analizar a futuro cuáles son esos problemas que son más endémicos de cómo está diseñado el sistema, que hace que se den este tipo de situaciones y que haya muchas otras mutualistas que están en situación comprometida”, algo que quedará para analizar en otra etapa, aclaró.