Legisladores oficialistas y del Frente Amplio (FA) de las comisiones de Salud de Diputados y de Senadores fueron recibidos este viernes en el Ministerio de Salud Pública (MSP) por el ministro y el subsecretario de Salud, Daniel Salinas y José Luis Satdjian, respectivamente, por Alberto Yagoda, presidente de la Junta Nacional de Salud, y Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas. A las 16.00 ingresaron los legisladores de la oposición. La reunión con los legisladores oficialistas fue de mañana y la de los legisladores de la oposición, de tarde, y continúa el diálogo iniciado con estas dos comisiones el 27 de diciembre, cuatro días después de que la Justicia determinara el cese de actividades de Casa de Galicia.

El MSP anunció este viernes la reunión y su motivo: “Autoridades del MSP presentan proyecto de ley que faculta a realizar una distribución de socios de Casa de Galicia con el fin de evitar la migración masiva e intempestiva de socios”.

En diálogo con la diaria, Alfredo de Mattos, diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, uno de los participantes de la reunión de la mañana, informó que “quieren hacer un proyecto único para Casa de Galicia para solucionar el tema de los usuarios y de los funcionarios médicos y no médicos y liquidar el tema, porque como está cerrada por la Justicia, Casa de Galicia hoy no existe”.

En cuanto a la distribución de socios, tal como ha trascendido, De Mattos comentó que “hay cuatro mutualistas en el ranking como las posibles para destinar los afiliados del Fonasa [Fondo Nacional de Salud]”, que son Universal, Cudam, Círculo Católico y Hospital Evangélico; el legislador aclaró que los socios individuales tendrán libertad para elegir el prestador.

Luis Enrique Gallo, diputado del FA, transmitió a la diaria que, de acuerdo a lo que les informaron las autoridades, para definir la selección de esas cuatro mutualistas, el MSP elaboró una grilla que incluyó algunas de las propuestas que le había hecho el FA en la reunión del 27 de diciembre; las cuatro que puntúan más alto cumplen con las condiciones de tener menos de 100.000 usuarios, menos de 30% de los usuarios mayores de 65 años, y determinada situación de grado de endeudamiento y de déficit operativo mensual. El FA solicitó este viernes que se amplíe la nómina para “incorporar a ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] como prestador integral, de modo que el usuario pueda elegir a ASSE” y que los referentes del gobierno “tomaron nota” de la solicitud.

Tanto Gallo como De Mattos creen que el proyecto ingresará la semana próxima. De Mattos evaluó que “si el Frente Amplio está de acuerdo, se puede hacer una asamblea general y votar en conjunto este proyecto”. Gallo puntualizó que todavía no han accedido al borrador: “Veremos si tenemos acuerdo o no; en principio la idea es conformar un proyecto en el que todos estemos de acuerdo” porque “está más allá de los temas político partidarios”.

Destino de los trabajadores

Hasta ahora el gobierno se mantiene en la propuesta de seguir el camino del documento multisectorial que había impulsado la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) en abril de 2001 con los ministerios de Salud y de Trabajo del gobierno del expresidente Jorge Batlle. Ese acuerdo establece que cuando cierra una mutualista, los usuarios sean distribuidos a otras instituciones que, como condición, deben contratar una determinada proporción de trabajadores de la institución cerrada. Su aplicación permitirá, según transmitió semanas atrás el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, que más de 60% de los trabajadores no médicos sean absorbidos por las mutualistas que reciban socios; el resto (una proporción a depurar, en función de resolver la situación de quienes tienen causal jubilatoria) quedaría a la espera de ser contratado y para ello se crearía un seguro de paro especial, algo que también requerirá una solución legislativa.

Consultados por esa posibilidad, De Mattos informó que “es muy probable que se llegue a eso”, y Gallo expresó que es de suponer que se incluirá en el proyecto de ley.

En diálogo con la diaria, la senadora Carmen Sanguinetti valoró positivamente la posibilidad de distribuir a los trabajadores. “El sistema de salud en Uruguay debe ser uno de los pocos rubros, si no es el único, que tiene esto de que cuando una empresa se encuentra en una situación como en la que se encuentra hoy Casa de Galicia, se les busca una salida a los trabajadores; en otros rubros los trabajadores quedan más desamparados, en ese sentido es una buena cosa”, expresó.

Sin embargo, la solución no conforma a la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), que provocó un fuerte resquebrajamiento a la interna del grupo que llevó a que el 17 de enero renunciara la mesa directiva liderada por Flor Costanzo. Uno de los principales motivos fue que la asamblea del 10 de enero revirtió la decisión de que había tomado la asamblea del 27 de diciembre de continuar avanzando en la negociación de la aplicación del documento de 2001, o “plan B”, como le llama el gremio.

El choque de Afuncag no sólo fue interno, sino también con la FUS: la mesa directiva interina, respaldada por lo que ha definido en las últimas asambleas, propone buscar otras soluciones para que todos los trabajadores continúen trabajando y que la mutualista no se cierre, en lugar del plan B. En una asamblea que mantuvieron este jueves, reprobaron la conducta de la directiva anterior y de la FUS por firmar, el 7 de enero un acuerdo con los ministerios de Salud, Trabajo y Economía para continuar avanzando en el plan B, “a espaldas de los trabajadores” y este miércoles 28 le enviaron una carta a Bermúdez en la que le informaron que no se sienten respaldados por él ni por la mayoría del Concejo Central de la FUS porque “siguió imponiendo un planteamiento que no era el deseo de los trabajadores” y solicitan que “no participe de nuestras negociaciones, charlas o medidas sindicales futuras”, acompañamiento que de ahora en más piden al Secretariado del PIT-CNT.

Destino del edificio

Con respecto a la sede de la institución, De Mattos comentó que continuarán funcionando los institutos de medicina altamente especializada (IMAE) y que “después de que se distribuyan los usuarios en las diferentes instituciones va a seguir funcionando un tiempo más hasta que se absorban y se solucione el tema; no la van a cerrar de un día para otro, así que hasta febrero va a funcionar y no sé si no en marzo”. De Mattos agregó que “el edificio es la garantía del fideicomiso y de los vales que tenía Casa de Galicia, que tenía toda la recaudación prendada”, por lo que el edificio “seguramente se va a licitar”.

El destino del edificio, es motivo de preocupación para los legisladores del FA. Gallo estimó que el proceso concursal terminará en marzo, cuando el juez determine el remate del edificio. “Lo puede rematar un inversor para hacer un edificio, un shopping lo que fuera; transmitimos la posibilidad de que en ese proyecto se definiera que va a quedar en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que el destinatario final sea un prestador de salud y si es uno de los cuatro entre los que van a repartir los usuarios, mejor”, planteó Gallo.

En esa línea, el FA les entregó a las autoridades un borrador de un proyecto de ley para que “ASSE forme parte de un consorcio que se formaría y que pudiera adquirir sanatorio”, informó el legislador. “La idea es que las instituciones que se hagan cargo de los usuarios sean uno de los oferentes del remate judicial del sanatorio con el compromiso que los tres o cuatro IMAE quedan insertos en el propio edificio y que los usuarios que se fueron a estas cuatro mutualistas sigan atendiéndose en el sanatorio de Casa de Galicia, para no perder la identidad y atenderse en la zona”, expresó.