En las Juntas Departamentales se realizan varias de las actividades propias de un Parlamento, pero no suelen ser un ámbito en el que haya votaciones decisivas. Ocurre que en muchas instancias alcanza la mayoría simple y los oficialismos la tienen asegurada por ley, ya que la Constitución otorga al partido del intendente, como piso, la mitad de los ediles, más otros que puede obtener si su partido supera el 50% de los votos. Lo corriente, más allá de ocasionales defecciones, es que el oficialismo tenga mayoría propia en cada departamento.

Pero eso no alcanza en algunos casos puntuales. Por ejemplo, cuando las Juntas tienen que autorizar proyectos de endeudamiento que exceden al período de gobierno en que se inician se necesita una mayoría especial de dos tercios. Como los oficialismos no suelen contar con mayorías propias tan amplias, deben negociar con sectores de la oposición para conseguirlas.

El año pasado se pudo ver, con distintos resultados, la forma en que esta peculiaridad de los parlamentos departamentales se cruzó con la lógica de competencia entre oficialismo y oposición a nivel nacional.

En Rocha, donde gobiernan el Partido Nacional y sus aliados, el intendente buscaba la aprobación de un fideicomiso para realizar obras por 20 millones de dólares, que no prosperó por la falta de votos del Frente Amplio. Dos ediles de ese partido, sin embargo, votaron afirmativamente la puesta en marcha de un fideicomiso más modesto, por ocho millones de dólares. En Canelones el fideicomiso que perseguía el frenteamplista Yamandú Orsi iba a financiar obras por 80 millones de dólares. A pesar de la simpatía con la que lo contemplaban alcaldes y ediles colorados y blancos, que sabían que las mejoras alcanzarían a sus localidades, el fideicomiso no fue votado.

Ahora estamos siendo testigos de una disputa similar en Montevideo, donde los liderazgos a nivel nacional y departamental pueden llegar a confundirse, aunque el mecanismo de la confrontación sea una réplica de los ya vistos. Para destrabar la aprobación por parte de los ediles opositores de un préstamo del BID que financiaría planes de limpieza y saneamiento, la intendenta, Carolina Cosse, entre otras acciones, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y expuso los problemas que generaría en el exterior la cancelación de una negociación con un organismo internacional en la que ya habían intervenido también los ministerios de Economía y Ambiente. También se ha considerado realizar reformas al proyecto y añadir planes suplementarios, pero los ediles de la oposición siguen sin darle su visto bueno.

El esquema de bloques homogéneos y rígidos suele producir estancamiento en situaciones como esta, que exigen flexibilidad. Sin embargo, en algunos casos puede llegar a ofrecer oportunidades a grupos que desean marcar un perfil propio. Como puede leerse en las páginas siguientes, podría ser la ocasión de los ediles colorados, que ahora buscan prolongar el período de negociación. Hay indicios de que un destrabe del plan de obras sería bien recibido por buena parte de la población, y, después de todo, el Partido Colorado, aunque disminuido, sigue siendo una colectividad de arraigo predominantemente urbano. Sus dirigentes con más memoria seguramente viven con preocupación la subordinación, también en Montevideo, al Partido Nacional, que gobernó en la ciudad durante apenas cuatro años a lo largo del siglo XX.

Como recomendación aparte, en el suplemento Carnaval, que ya va por su segundo número, pueden leer dos artículos sobre la historia de una Montevideo tan carnavalera como colorada.