Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Desde hace muchos años, una parte de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda se movilizan por cambios en su situación, alegando que es injusta y que corresponde darle una solución política. Hubo diversas propuestas, negociaciones e incluso procesos judiciales, pero el problema persiste y es espinoso.

Se trata de personas cuyas deudas y cuotas se miden en unidades reajustables (UR), y para entender el asunto hay que remontarse a fines de los años 60 del siglo XX, cuando la inflación se aceleró y llegó a niveles muy altos. Las cuotas para pagar créditos de vivienda, que eran en pesos, sin reajustes y con tasas fijas, perdieron valor real en forma drástica, y se comprometió gravemente la capacidad estatal de otorgar nuevos préstamos.

En aquel momento se optó por establecer como medida de los créditos y pagos la UR, que se ajusta según la evolución del índice medio de salarios (IMS). Si la variable de referencia hubiera sido el índice de precios al consumo (IPC), la inflación habría vuelto impagables casi todas las deudas; la idea fue que, por lo menos, el valor real de las cuotas no fuera decreciendo con relación a lo que ganaba la gente (aunque, obviamente, la evolución del IMS no corresponde a la de los ingresos de cada asalariado).

Durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), el IMS creció notoriamente y arrastró consigo a la UR. Por otra parte, en 2002 se creó la unidad indexada (UI), que se ajusta de acuerdo con el IPC, y que pasó a ser la medida de gran parte de los créditos.

En el período de aumento de salarios reales, la UI subió menos que la UR, y comenzaron los reclamos de personas que habían quedado con deudas y cuotas en esta última unidad. Se quejaban entre otras cosas de que la suma histórica de sus pagos había llegado a superar largamente, en muchos casos, el valor de la vivienda que estaban comprando.

Los sucesivos gobiernos contrargumentaron que era indeseable, por razones de seguridad jurídica, cambiar las condiciones pactadas cuando se concedieron los créditos; que con cuotas durante períodos largos siempre se termina pagando más que al contado; y que el costo de las medidas propuestas crearía desequilibrios importantes, perjudiciales para las políticas de vivienda.

Tras las elecciones de 2019 muchos deudores renovaron en cierta medida sus esperanzas, ya que desde los partidos que eran opositores cuando gobernaba el FA habían recibido señales de apoyo a sus demandas. Sin embargo, y pese a que legisladores del actual oficialismo presentaron el año pasado proyectos de ley en la materia (uno del colorado Germán Coutinho y otro de Cabildo Abierto), el Poder Ejecutivo no los vio con mucho agrado y el Parlamento no ha tomado decisiones al respecto.

Ahora se presentará una iniciativa más, de los nacionalistas Sergio Botana y Carlos Camy, pero los términos del problema han variado. Con la caída acumulada del salario real durante el actual gobierno y la actual aceleración del aumento del IPC, los efectos sobre la UR y la UI han sido inversos a los registrados durante el largo período en que el poder de compra del salario creció, y conviene volver a sacar cuentas.

Hasta mañana.