Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El procedimiento de ajuste de los precios de combustibles establecido mediante la Ley de Urgente Consideración (LUC) tiene el objetivo declarado de aumentar la transparencia, pero ante todo se suponía que iba a contribuir a que esos precios (y en particular el del gasoil) no aumentaran e incluso disminuyeran. Los efectos han sido otros.

Este procedimiento fue aprobado en el Parlamento, con votos de todos los partidos, como alternativa a la propuesta de desmonopolizar la importación de combustibles, incluida en el proyecto original de la LUC, que no contó con apoyo oficialista suficiente para su aprobación.

A mediados del año pasado comenzó a aplicarse el nuevo procedimiento, que le proporciona al Poder Ejecutivo mensualmente la referencia de un precio de paridad de importación (PPI), estimado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. El relato preelectoral afirmaba que el alto precio de los combustibles en Uruguay se debía a la necesidad de cubrir ineficiencias y malos negocios de Ancap, y quienes creyeron ese relato supusieron que el PPI lo confirmaría, mostrando que con libre importación habría combustibles más baratos.

Sin embargo, lo que señala el PPI es que los “sobreprecios” para equilibrar las cuentas de Ancap son un factor muy menor en comparación con la carga impositiva sobre los combustibles, cuya reducción en ningún momento ha planteado el Ejecutivo.

En segundo lugar, los precios internacionales del petróleo han estado en alza, y la decisión de realizar ajustes mensuales coloca al Ejecutivo en una situación muy incómoda. Quienes idearon el mecanismo no preveían, por supuesto, esa evolución de los mercados petroleros, y además es probable que hayan pensado sobre todo en los efectos para los grandes exportadores, cuyos ingresos pueden variar mes a mes en función de precios internacionales.

Para la gran mayoría de la población, los ingresos varían con menor frecuencia, y es muy malo que los combustibles suban mientras los salarios no se ajustan. Sobre todo porque en estos años hay una caída acumulada del poder de compra salarial. Para evitar este factor de irritación antes del referéndum sobre la LUC, el Ejecutivo decidió subsidiar los combustibles, aumentándolos menos que el PPI o manteniendo su precio, y de todos modos el incremento ha sido importante desde que se aplica el nuevo mecanismo, con un acumulado de 38% para las naftas, y −pese a lo prometido− uno mayor para el gasoil, de 60%.

Por último, es muy discutible que haya aumentado la transparencia. No se informa mes a mes cuánto le cuesta al Estado mantener los precios por debajo del PPI, ni qué desembolsos se decidió postergar o sacrificar. Tampoco se han atendido las propuestas de crear un fondo de amortiguación con fuentes de financiamiento explícitas.

El Ejecutivo parece haber optado por un manejo publicitario y cosmético del asunto. Primero se anuncia que los combustibles tendrían que subir mucho, luego se dispone un aumento menor que el manejado, y tanto finalmente se alega que la cosa podría haber sido mucho peor sin la buena voluntad de las autoridades. Pero que suben, suben.

Hasta mañana.