Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El actual oficialismo no ha cumplido algunas expectativas extremistas de personas que lo votaron en 2019. Esto tiene dos tipos de consecuencias: unos le reclaman lo que no puede ni quiere hacer; otros quieren hacer lo que se pueda.

El primer grupo produce editoriales, columnas de opinión y otras arengas en defensa de medidas drásticas. Por ejemplo, eliminar organismos estatales para reducir el gasto público. Quienes formulan tales demandas pasan por alto que la coalición de gobierno nunca estuvo en condiciones de satisfacerlas, por discrepancias internas o porque se trata de grandes disparates que nadie abocado seriamente a conducir el Estado puede considerar viables.

En vez de aceptar esta realidad, el relato extremista construye la idea de un gobierno pusilánime y habla de oportunidades perdidas. Lo mismo se dijo antes, en Argentina, contra Mauricio Macri, contribuyendo al ascenso de personajes como Javier Milei, quizá por aquello de que “el sueño de la razón produce monstruos”.

Quienes tratan de hacer lo posible repasan las promesas de campaña como quien rasca el fondo de una olla, e impulsan iniciativas que, por lo general, apuntan a revertir avances en materia de derechos. Así, en el marco de la “batalla cultural”, producen otros monstruos o monstruitos. Veamos un par de ejemplos.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) molesta muy especialmente a parte del oficialismo, y la hostilidad hacia ella fue en aumento cuando investigó recientes denuncias de abuso policial, porque esto se consideró una intervención en la campaña por el referéndum. Los extremistas preferirían que la INDDHH desapareciera, pero la mayoría oficialista quiere aprovechar la renovación de su Consejo Directivo, en setiembre, para designar una mayoría de políticos que le sean afines.

Así se violarían dos requisitos básicos para conducir ese organismo, establecidos en la ley que creó la INDDHH con votos de todos los partidos: que las postulaciones surjan de organizaciones sociales comprometidas con los derechos humanos, y que se candidateen personas con “experiencia y notoria versación” en la materia.

Otro ejemplo es el impulso al proyecto que busca flechar las decisiones judiciales, en los pocos casos de parejas que se separan y no se ponen de acuerdo sobre la tenencia de hijas e hijos, hacia un régimen compartido, disminuyendo en forma temeraria las precauciones cuando hay denuncias de violencia.

Las personas especializadas en el tema señalan que así se ponen los deseos adultos por encima de los derechos infantiles, y esta objeción contundente es compartida por parte del oficialismo, pero hay apuro por aprobar la iniciativa, que los extremistas ven como una necesaria reacción contra la “ideología de género”.

El texto acordado por la bancada oficialista en el Senado establece incluso que ya no pierdan la patria potestad los femicidas, los proxenetas y quienes cometan delitos sexuales contra niños y niñas, pero la senadora nacionalista Carmen Asiaín, coautora del proyecto, aseguró este lunes que eso fue un error y que se arregla agregando “un articulito”. Aun si suponemos que fue por el apuro, asusta.

Hasta mañana.