Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Grandes potencias mundiales se han propuesto sustituir en forma masiva el uso de combustibles fósiles para frenar y revertir el cambio climático. El capital se reorienta hacia nuevos mercados en formación, y regular la transición es una cuestión política de alta prioridad.

En Uruguay el Poder Ejecutivo presentó en junio del año pasado una “hoja de ruta” inicial de las políticas para el nuevo y pujante sector de la producción de “hidrógeno verde” como combustible. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, afirmó que el área se desarrolla “con proyectos de escala y, por lo tanto, [...] de exportación”, cuyo “riesgo comercial importante” hace aconsejable “que los privados lo asuman para evitar poner en riesgo las finanzas del Estado”. En esa línea, anunció que Ancap tenía “un proyecto propio”, pero iba a impulsarlo “sin el monopolio”, y que ya se había presentado una propuesta privada para producir “hidrógeno verde” en Tacuarembó.

Dos meses después, Paganini informó que esa propuesta era de la empresa alemana Enertrag, asociada a SEG Ingeniería SA de Uruguay en la firma Belasay, y que si era aprobada se instalaría en la localidad de Tambores, en gran medida con miras a la exportación y utilizando de 500 a 700 metros cúbicos diarios de agua, básicamente de reservorios subterráneos que integran el acuífero Guaraní.

El “hidrógeno verde” no deja de ser hidrógeno, el mismo elemento cuyo símbolo, H, sabemos desde la infancia que está en la fórmula H2O. A partir de agua se separa el hidrógeno del oxígeno, con electricidad generada mediante energías renovables o tecnologías bajas en emisión de gases con efecto invernadero. Lo de “verde” hace referencia a esos procedimientos, mucho menos perjudiciales para el ambiente que los que aíslan hidrógeno a partir de gas natural.

Si el agua empleada es residual (servida) hay que depurarla, y si es de mar hay que desalinizarla. Usar agua subterránea potable tiene, por supuesto, costos menores, pero no hace falta ser un especialista para comprender que implica problemas de importancia.

Ya en la presentación de la “hoja de ruta” gubernamental, el entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña, había señalado que la producción de hidrógeno verde requiere “cantidades de agua que son relativamente importantes” y que era necesario tener “cuidado de que esto no afecte el agua para otros usos”, como el consumo humano. Ni falta hace decir, en medio de las graves consecuencias de la sequía, que el agua también es crucial para la producción agropecuaria.

Con estas preocupaciones, vecinos de Tacuarembó presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el proyecto de Belasay. El artículo 47 de la Constitución establece que el acceso al agua potable es “la primera prioridad” para el uso de los recursos hídricos, mediante una “gestión sustentable” y “solidaria con las generaciones futuras”, que preserve el ciclo hidrológico y anteponga “las razones de orden social a las de orden económico”. No parece muy compatible con la idea de que una empresa privada desintegre enormes cantidades de agua para enviar hidrógeno fuera del país.

Hasta mañana.