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Represa de Paso Severino, el 25 de agosto.

Foto: Alessandro Maradei

Aguas revueltas

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El miércoles confluyeron tres acontecimientos relacionados con la gestión del agua potable en la zona metropolitana. Por un lado, el presidente Lacalle anunció el fin de la emergencia hídrica. Aunque eso significa, entre otras cosas, que se acabó el subsidio para el agua embotellada, todavía resta ajustar los límites de salinidad permitidos en la que suministra OSE.

El segundo asunto: el mismo miércoles OSE finalmente adjudicó la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí a un consorcio integrado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. El ex “proyecto Neptuno” ha sido fuertemente cuestionado desde la academia y desde la oposición, y además debe atravesar recursos legales interpuestos por los vecinos de la zona afectada.

Tercero: por esas mismas horas se supo que la Justicia pedirá la imputación de Federico Kreimerman, presidente del sindicato de OSE, que es investigado por las protestas que organizaron los trabajadores cuando el directorio del ente deliberaba sobre –justamente– el proyecto Arazatí.

Vamos terminando con el asunto del agua (por hoy, porque en realidad el tema debería dar para muchísimo más) con un detalle lateral: la fiscal que pide la condena del sindicalista es Gabriela Fossati, célebre por su polémica actuación en el caso Astesiano, que terminó abandonando. El mismo miércoles el exjefe de seguridad del presidente Lacalle volvió a declarar ante la fiscal que debió hacerse cargo del caso, Sabrina Flores.

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