Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer se llevó a cabo una charla que merece destaque sobre crimen organizado y lavado de activos, con la participación de especialistas en varias áreas. Durante la actividad, organizada por la asociación civil Siembra y realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, resultó inevitable que se mencionara varias veces el nombre del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, pero esto sucedió en un contexto de reflexión, basado en la experiencia y los conocimientos de los expositores sobre las debilidades de Uruguay ante el avance de los delitos mencionados y las medidas que conviene adoptar para resolver varios problemas actuales y otros previsibles en el futuro.

Es muy importante que la cuestión se haya encarado de este modo, ya que si bien es pertinente y necesaria la discusión de responsabilidades políticas, el debate público no debería reducirse a un fuego cruzado de acusaciones entre oficialistas y opositores. Es el país el que está en graves dificultades, superarlas no será fácil, y no cabe duda de que hace falta construir consensos duraderos.

Las áreas vulnerables son numerosas en nuestro país. Incluyen, como es frecuente, carencias de recursos y de capacitación para lograr que las leyes se cumplan y las tareas de investigación y prevención sean eficaces, pero también hay organismos que ni siquiera cuentan con un marco normativo adecuado a la magnitud de sus tareas.

En este sentido, ayer se destacó que uno de los mayores riesgos es que, como ha ocurrido en muchos otros países, la influencia del narcotráfico sobre los partidos aumente por las vías del financiamiento y la corrupción. La legislación preventiva en este terreno ha creado dispositivos realmente inútiles, con declaraciones juradas que no es viable verificar, y ese contralor ficticio es quizá peor que la ausencia de controles, porque puede crear una percepción muy equivocada de que contamos con herramientas adecuadas.

En lo referido al lavado de activos, ayer se señalaron algunos datos de la realidad que deberían causar una gran alarma social. Tanto Fiscalía como la Policía están lejos de la masa crítica especializada que sería necesaria para hacer frente a este delito, y las consecuencias de esta debilidad, sumadas a las de cierto menosprecio por la gravedad del problema, están a la vista: las condenas relacionadas con el narcotráfico son mil veces más que las vinculadas con el lavado.

Por otra parte, una larga tradición determina que, pese a los grandes cambios recientes en el sistema judicial, persista un marcado predominio de las investigaciones centradas en personas, y estén menos desarrolladas las que se centran en las organizaciones criminales como tales.

Todo lo que está ocurriendo se podía ver venir, y hubo quienes dieron la voz de alerta sin ser tomados en serio. Lo que puede suceder en los próximos años también es previsible, a partir de las situaciones a las que han llegado otros países, incluyendo los más cercanos. Seguir pensando que Uruguay es excepcional y que nunca le va a pasar lo mismo que al resto de la región es un camino seguro hacia el desastre.

Hasta mañana.