Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT logró un acuerdo ayer para definir el texto de la reforma constitucional sobre seguridad social que antes había definido impulsar. La tarea llevó tiempo, no sólo porque reaparecieron algunas objeciones al alcance de lo ya aprobado, sino también porque era preciso redactar un articulado eficaz para alcanzar varios objetivos relevantes, libre de puntos débiles con miras a la campaña, y comprensible para las personas a las que se les va a pedir que firmen para que se realice la consulta popular y que luego voten por el Sí.

El tiempo y el análisis cuidadoso dirán si el texto acordado, relativamente extenso y con numerosas definiciones, cumple con todos los requisitos antedichos, pero la dificultad era inevitable desde que se decidió incluir en la Constitución disposiciones que a menudo se establecen en leyes.

Por lo pronto, está claro que en la campaña tendrán mucho peso las explicaciones e interpretaciones, ya que muchas personas no se pondrán a estudiar el asunto en forma individual para sacar conclusiones. Esto pasa con frecuencia en los plebiscitos, y también en relación con las propuestas electorales de los partidos, pero en este caso quizá sea más relevante que de costumbre.

De los tres objetivos que se propone el PIT-CNT, el más fácil de entender e instrumentar es la fijación de la edad mínima de retiro en 60 años. Puede haber y habrá discusiones acerca de la conveniencia de esto, pero está claro de qué se trata, y que quien quiera jubilarse a mayor edad podrá hacerlo.

Cómo mejorar el valor mínimo de jubilaciones y pensiones planteaba dificultades mayores, y la fórmula acordada intenta evitar que la reforma sea tergiversada. En algún momento se manejó utilizar como referencia la línea de pobreza, pero no era una buena idea. Se trata de un indicador para hogares, distinto según estén en Montevideo, en el interior urbano o en el interior rural, y son consideradas pobres las personas que integran hogares pobres: por lo tanto, habría sido entre complejo e inviable usar este criterio para definir una prestación mínima individual.

Se optó por una referencia al salario mínimo nacional (SMN) y, para evitar que algún gobierno reduzca su poder de compra a fin de bajar el desembolso en jubilaciones y pensiones, la idea es que primero haya un aumento de las que hoy están por debajo del SMN, y que luego se sigan reajustando en función de los incrementos del Índice Medio de Salarios.

Lo más espinoso es, sin duda, la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). El texto acordado ayer dispone que el capital que manejan sea transferido a un fideicomiso para resguardarlo, y que se compute como aportes al sistema tradicional del BPS para asignar en su momento las jubilaciones individuales de quienes hoy están (obligatoriamente) afiliados a estas empresas.

Entre los muchos debates venideros estarán, seguramente, los referidos a la intención de prohibir que haya “sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio”, y a la viabilidad jurídica de evitar demandas declarando en la Constitución que a las actuales AFAP no les corresponderán indemnizaciones por lucro cesante.

Hasta el lunes.