Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En la entrevista con Luis Alberto Heber que publicamos hoy, el senador, antes ministro del Interior y antes de Transporte y Obras Públicas, plantea una de las ideas que caracterizan el enfoque del Partido Nacional acerca de la gestión del Estado y lo vuelven muy polémico.

Dijo Heber que en la administración pública “hay mucha burocracia” y “está lleno de técnicos”, pero quienes resuelven son políticos, asumiendo riesgos y responsabilidades. De esta premisa dedujo el senador que “debe haber más cargos de confianza con poder de decisión en el Estado”, para “vencer la burocracia” y evitar que los expedientes estén “paseando” mientras se posterga el momento de “tomar decisiones y hacer”.

Para evaluar de qué estaba hablando el exministro y en qué medida son problemáticas sus afirmaciones, hay que aclarar dos cosas bastante obvias. En primer lugar, Heber no se refirió al conjunto de los “cargos de confianza”, sino a aquellos que les confieren a sus titulares la potestad de tomar decisiones ejecutivas (no, por ejemplo, a los cargos de asesores o secretarios, que son de confianza pero no tienen esa potestad). En segundo lugar, si bien no cabe duda de la existencia de criterios burocráticos que retrasan sin justificación los procesos administrativos, es muy riesgoso meter en la misma bolsa a los trámites cuya finalidad, relevante e indispensable, es otorgar garantías de que las decisiones políticas no sean arbitrarias, sino que se adecuen a requisitos básicos de legalidad y tengan en cuenta estudios técnicos especializados.

Estas garantías apuntan, entre otros objetivos, a asegurar principios básicos, como el de la igualdad ante la ley, y a evitar que los jerarcas políticos, no necesariamente expertos en las áreas que se les encomiendan, cometan errores graves por ignorancia.

Veamos como ejemplo la negociación con la empresa belga Katoen Natie (KN), que Heber condujo y que terminó extendiéndole hasta 2081 la concesión de servicios portuarios clave, con aumento de su poder en el área.

El senador maneja el mismo criterio que el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, participante destacado en aquella negociación, quien alegó en 2022, entrevistado en el programa Desayunos informales de Canal 12, que impugnar el acuerdo con KN era cuestionar “la legitimidad que tienen el gobierno y las autoridades para desarrollar la política de puertos que entiendan conveniente”.

En la negociación con KN se dio por cierto, sin contar con estudios jurídicos o económicos de los servicios estatales correspondientes, que la demanda al Estado con la que amenazaba esa empresa se perdería y tendría altísimos costos. Se omitieron el asesoramiento del directorio de la ANP y la aprobación del Parlamento, se evaluó sin un debate serio que no se estaba creando un monopolio de hecho y se expuso al Estado a otras demandas, sin previsiones técnicas sobre su posible desenlace. Todo esto, además, en secreto incluso para los socios del nacionalismo en la coalición de gobierno.

“Tomar decisiones y hacer” no significa actuar como si los jerarcas fueran dueños de los organismos estatales, y, para peor, dueños irresponsables.

Hasta mañana.