Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El tratamiento del proyecto de ley de financiamiento de partidos, tan postergado desde el período de gobierno anterior, se reactiva por una razón simple, cuya importancia es innegable pero parece poca en el contexto general de la iniciativa: el interés en aumentar el acceso a recursos estatales para las campañas.

Otros aspectos del proyecto buscan –aunque sea en forma insuficiente– prevenir el financiamiento indebido de la actividad política, ya sea por parte de empresarios interesados en un intercambio de favores que los beneficie, o desde el crimen organizado, cuya presencia en Uruguay crece y nos ubica demasiado cerca de la compra de complicidades. Pero esto no aceleró el trámite parlamentario de una iniciativa que retoma la considerada por el Poder Legislativo cuando gobernaba el Frente Amplio, no aprobada debido a la disidencia del entonces diputado Darío Pérez y a la oposición de los partidos que hoy son oficialistas.

En 2019 se acordó trasladar la consideración de aquel proyecto a este período de gobierno, porque eran evidentes la importancia del tema y la necesidad de mejorar la legislación, incluso cuando el peligro de que el narcotráfico corrompiera a los partidos no se percibía con tanta claridad como ahora.

Ya en pleno año electoral, con las campañas partidarias y sectoriales muy cerca del momento de realizar inversiones o ya empezando a realizarlas, a algunos legisladores les interesan especialmente dos cosas. Una es que la norma establezca en forma expresa criterios para el reparto de los minutos de publicidad gratuita dentro de cada partido, probablemente porque temen que, si no están claros esos criterios, los sectores mayoritarios se queden con casi todo. La otra es la posibilidad de recibir, en vez de minutos en las tandas televisivas, un equivalente monetario que cada quien pueda destinar a lo que considere prioritario en su campaña. A esto hemos llegado.

La segunda cuestión es por cierto discutible, o más bien reabre gran parte de la discusión previa. Es cierto que, en la actualidad, las vías de comunicación se han diversificado mucho, y nadie tiene la obligación de utilizar las tradicionales. Se va volviendo cada vez más frecuente, por ejemplo, que algunos partidos de fútbol sólo puedan verse mediante internet. En el terreno de la política, sin ir más lejos, Javier Milei fue probablemente quien menos apeló a los recursos tradicionales en la última campaña electoral argentina, casi no puso afiches y cartelería en la vía pública, y de todos modos ganó. Sin embargo, y con independencia de las opciones estratégicas de cada partido y cada sector, hay un valor a considerar en la idea de que todas las propuestas mantengan parte de su presentación en un formato común.

El asunto tiene puntos de contacto con la participación en debates: a menudo hay quienes consideran que no les conviene, y tienen sus argumentos, aunque reaparece cada tanto la idea de que esa forma de comparecencia ante la opinión pública sea obligatoria. En el fondo, está en juego la posibilidad (quizás anacrónica) de preservar la existencia de una especie de “plaza pública”, en un contexto comunicacional cada vez más fragmentado.

Hasta mañana.