En los últimos días circuló en redes sociales un audio en el que una persona replica el supuesto relato contado por “un paciente”, según el cual dos mujeres habrían sido secuestradas por un taxista y llevadas al puerto de Montevideo, en el contexto de una red de contrabando de personas.

De acuerdo al relato, una de las mujeres se habría percatado de que su captor no estaba circulando por el camino al destino solicitado, por lo que llamó a su padre para advertirle de la situación. Ante esto, el padre de la víctima habría llamado a un amigo con “cargo alto” de la Policía, quien habría dado con el paradero de las víctimas y que estarían siendo ingresadas, todo según el audio de unos cuatro minutos de duración, a “un contenedor lleno de mujeres”. En el mensaje se hace hincapié en que el supuesto jerarca policial habría advertido al amigo para que no hablara más del hecho.

Esto tuvo amplia viralización en Whatsapp desde el viernes pasado y fue replicado por usuarios de Instagram y Tik Tok. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades, no se han recibido denuncias al respecto.

En conversación con la diaria Verifica, Andrea Tuana, directora ejecutiva de la Asociación Civil El Paso, señaló que esa organización recibió varias consultas en los últimos días por el contenido de los audios, pero que la metodología señalada en el relato “no es el mecanismo habitual de la redes de trata en Uruguay”.

“En ese audio hay explicaciones que es difícil que puedan suceder de esa manera”, comentó Tuana, aunque advirtió que no puede determinar su veracidad. Y agregó: “Las redes de trata en Uruguay tienen otros procedimientos, y no hemos visto que hayan variado. Se van marcando a las personas por sus características, y por lo general no son por secuestros. Por lo general hay un contexto”.

Por otra parte, fuentes de la Fiscalía General de la Nación (FGN) señalaron a este medio que de momento no han recibido denuncias formales y desconocen antecedentes de un caso como el que se describe en el audio. En ese sentido, coincidieron con Tuana en que no es lo usual en este tipo de delitos. En la mayoría de los casos, la captura de las víctimas se da a través de propuestas engañosas tanto para trasladar a la persona al exterior como para ingresarla a Uruguay.

Desde la Justicia señalan que una de las dificultades para que las víctimas denuncien es que no se identifiquen como tales o que, debido al temor a represalias tanto personales como familiares, se nieguen a radicar la denuncia. Por este motivo es importante que cualquier persona que conozca de una situación similar denuncie los hechos, a través de las dependencias del Ministerio del Interior o las sedes de Fiscalía.

Por su parte, Interior emitió un comunicado en el que señala que la Policía Nacional “no ha constatado los hechos mencionados en dicho audio ni se han recibido denuncias al respecto”. Asimismo, recuerda que las vías de denuncia dispuestas por ese organismo son a través de las seccionales policiales de forma presencial, telefónica o digital, o a través de las Comisarías Especializadas en Violencia Doméstica y de Género.

Para que el Ministerio Público pueda actuar es importante que los denunciantes aporten datos concretos, algo que no sucede en el audio, ya sea identidad de las personas involucradas, lugares o fechas específicas.

Informe desfavorable

La divulgación de este audio, que colocó nuevamente el tema de la trata de personas en el debate público, coincide con la reciente publicación del Informe sobre trata de personas en Uruguay, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y en el que se bajó de categoría al país a “lista de vigilancia nivel 2”, segmento en el que se ubican los países que, a criterio de Estados Unidos, no cumplen con las “normas mínimas” establecidas por la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TPVA).

“El gobierno no informó haber tomado medidas para identificar víctimas de manera proactiva, identificó a menos víctimas de trata y se reportó la identificación de sólo un hombre adulto víctima”, advierte el informe.

Asimismo, el documento señala que el gobierno canceló un acuerdo de cooperación con una ONG que gestiona centros de apoyo a mujeres víctimas de trata y considera que “posiblemente dificulte el acceso a la atención”. Desde la FGN señalaron su desacuerdo con este aspecto del informe, ya que este seguimiento está siendo realizado por la Unidad de Atención a las Víctimas de ese organismo.

El informe se refiere precisamente a la Asociación Civil El Paso, que trabajó en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social desde 2011 hasta noviembre de 2023, luego de que el gobierno cancelara el contrato bajo el argumento de que trabajaría con recursos propios. “De momento no han podido montar un servicio con las mismas características que tenía el otro, y el gobierno de Estados Unidos hizo esa valoración”, señaló Tuana.

Además, advierte que el gobierno no ha asignado “los recursos adecuados para luchar contra la trata con fines de explotación laboral, que incluye posibles delitos de trata vinculados a buques pesqueros de bandera extranjera en aguas uruguayas o atracados en el puerto de Montevideo”.

Sin embargo, el documento destaca que Uruguay está tomando “importantes medidas” para lograr mejorar la situación, entre las que se señalan el haber investigado una mayor cantidad de presuntos tratantes, haber aprobado el Plan de Acción Nacional 2022-2024, el aumento de fondos de servicios a víctimas y la creación de tres fiscalías de delitos sexuales en el interior del país.