Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El programa radial La pecera dio a conocer ayer que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, vive en una casa que construyó pero sigue pagando la contribución correspondiente a un terreno baldío, sin haber declarado tampoco la construcción de otras viviendas para sus hijos. Cairo no va a renunciar y desde el Frente Amplio (FA) se la respaldó.
La ministra relató que durante la crisis de 2002, cuando su hijo menor tenía dos años, remataron su vivienda, que había puesto como garantía para un amigo, y pasó a residir en un galpón, ubicado en un terreno de su padre. Con los años fue ampliando aquella vivienda precaria y edificando otras, pero nunca hizo los trámites correspondientes. Sin duda, la situación de Cairo es similar a la de una gran cantidad de otras personas, pero las diferencias también son obvias.
Se trata de alguien con una larga experiencia vinculada a las políticas de vivienda, desde la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental de Montevideo, el Plan Nacional de Relocalizaciones del ministerio que hoy dirige, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos y la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Representantes, antes de asumir su cargo actual.
Con esa trayectoria, es inconcebible que ignorara la obligación de regularizar su propia vivienda, y no se puede decir que le haya sido imposible afrontar el costo de hacerlo. Es cierto que quienes integran el Movimiento de Participación Popular y ocupan cargos políticos no reciben el salario correspondiente, sino que aportan parte de él al sector y se quedan con una remuneración menor, pero de ningún modo están en la indigencia.
Además, como en el caso de cualquier otra persona que se dedica a la actividad política, la responsabilidad de cumplir con las normas vigentes no sólo es mayor por la necesidad de cuidar prestigios personales, sectoriales, partidarios y multipartidarios. También hay motivos de fondo que tienen que ver con dar ejemplo.
La oposición, como era previsible, se abalanzó sobre el asunto, pero el problema del oficialismo no tiene que ver con haberle dado “pasto a las fieras” (que, por cierto, no comen pasto), sino con la incapacidad de cortar rápidamente por lo sano. La mayor parte de las primeras reacciones desde el FA estuvieron muy por debajo de lo que correspondía.
Se reivindicaron méritos militantes y personales de Cairo, cuya existencia no justifica su conducta en este caso. Se subrayó que reconoció “un error”, pidió disculpas y se comprometió a regularizar su situación cuando ya no podía hacer otra cosa, como si esto bastara para quitarles gravedad a los hechos.
Se planteó que estar endeudada identifica a la ministra con los sectores populares, como si así adquiriera el derecho a que no se la mida con la misma vara que a cualquier jerarca. Se insistió en que lo que hizo no es delito, como si lo único inaceptable por parte de alguien que ocupa su cargo fuera violar la ley. Reapareció, además, el vostambienismo, o sea el intento de minimizar una macana propia mencionando otras ajenas. Al cierre de esta columna, el presidente no había hablado: ojalá que lo haga bien.
Hasta mañana.