Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El aumento de aranceles estadounidenses es un factor contrario al proceso de globalización económica, y las consecuencias de esa decisión de Donald Trump recién comienzan, en forma de guerras comerciales proteccionistas, pero al mismo tiempo avanza la implementación de normas internacionales que consolidan y regulan la globalización. Por ejemplo, el Acuerdo Fiscal Global del Marco Inclusivo, aprobado en octubre de 2021, cuyos efectos para Uruguay ya se hacen sentir.
Ese acuerdo es parte de la reacción de los países más poderosos ante los efectos de dos crisis internacionales sucesivas, la financiera de 2008 y la asociada con la pandemia de covid-19. La intención es ponerle límites a la competencia mundial por atraer inversiones mediante beneficios fiscales.
Las empresas transnacionales se instalan donde más les conviene, y esto determina, obviamente, pérdidas de ingresos tributarios para los países donde tienen sus casas matrices. Lo que hicieron los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue sentar las bases para que las mayores empresas tengan una carga tributaria mínima con independencia del lugar del mundo en que trabajen. Si un país no se las cobra para atraer y retener inversiones, deberán pagarla en su lugar de origen.
En 2021, la implementación de este acuerdo pudo parecer incierta y lejana. Hoy es un hecho que ha comenzado y, aunque falta mucho para que se aplique con todos los alcances previstos inicialmente, ya disminuye la ventaja comparativa de instalarse, por ejemplo, en Uruguay, ya sea en alguna de las numerosas zonas francas o con exoneraciones tributarias concedidas específicamente para funcionar en otras partes de nuestro territorio.
La posición en este asunto del gobierno de Trump es en cierta medida contradictoria, ya que si bien tiene el objetivo declarado de revertir la emigración de empresas estadounidenses (a eso apunta, en teoría, el aumento de aranceles), por otra parte mantiene una oposición tajante a cualquier avance de la gobernanza mundial por parte de organismos multilaterales. De todos modos, las consecuencias para Uruguay del acuerdo de la OCDE no dependen de lo que haga Estados Unidos.
El equipo económico del actual gobierno es muy consciente de este proceso y de sus perspectivas futuras, que el ministro Gabriel Oddone ha mencionado en varias intervenciones públicas y al que se refirió en el cuarto capítulo del libro El despegue, escrito junto con Nicolás Batalla y publicado el año pasado. Como los cambios internacionales son inevitables, aunque persistan incógnitas sobre su alcance final y su velocidad, la orientación es irse adaptando a ellos sin apresuramientos prematuros.
Aumentar la captación de inversiones es una de las prioridades de este gobierno, y el avance de los acuerdos de la OCDE suma una dificultad a otras vinculadas con una coyuntura internacional compleja. Las ventajas tributarias no son las únicas que Uruguay ofrece; también inciden otras vinculadas, por ejemplo, con la estabilidad, la infraestructura y las características culturales, pero la competencia es dura, aumentará y hay que afrontarla con inteligencia.
Hasta mañana.